Opinión

¿Por qué hay que privatizar?

¿Por qué hay que privatizar?

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El primero de estos artículos se concentró en la pobre gestión estatal, el segundo hizo un pequeño bosquejo de a que debemos aspirar, por lo tanto este último tiene que enfocarse al paso del uno al otro. El traspaso de la titularidad y gestión de las empresas que participan en el mercado eléctrico al sector privado no será simple, y necesariamente debe ser realizado en el marco de un proceso que no solo asegure la transparencia en la cesión y la futura gestión de los mismos, sino que en sí no se constituya en una barrera adicional a todas las inversiones que seguiremos requiriendo para su sostenibilidad en el futuro. El proceso no puede darse el lujo de sucumbir en el mismo error del proceso realizado en el 1998, el cual condenó su futuro por razones políticas.

La creación de monopolios o carteles como resultado de un proceso de privatización de servicios estatales debe ser totalmente inaceptable. Si en algún caso, como pudiera serlo en el sector de distribución, no existieren otras alternativas a las de monopolios regionales para su operatividad, cualquier permiso a la creación de los mismos debe estar sujeto a fuertes controles y monitoreo para prevenir prácticas desleales a competidores o consumidores.

La vocación hacia la transparencia debe ser un estandarte dentro del sector eléctrico, y la misma debe ser fuertemente promovida por el Estado si este va a ceder, como debe, su participación. En un ejercicio de promover la transparencia y adicionalmente abrir al sector eléctrico a nuevas fuentes de capitalización, el Estado puede colocar una proporción de la participación que tiene en las distintas empresas de la industria en los mercados de valores locales.

De esta forma no solo permitiría a las administradoras de fondos de pensión, los bancos, fondos de inversión y a toda la ciudadanía poder invertir en el futuro del sector eléctrico dominicano, aportando significativamente para su desarrollo, sino que sometería a la nueva gestión privada al riguroso escrutinio regulatorio que impone la colocación de títulos de renta variable en los mercados de valores, al mismo tiempo que permitiría la participación de múltiples actores reduciendo la posibilidad de que se concentre todo el poder deliberativo del sector eléctrico en unas contadas manos.

Si bien la gestión pública es un demostrado desastre que no nos va a llevar a ninguna parte por más que intentemos tapar el sol con un dedo, esto tampoco implica que una privatización del sector deba realizarse porque sí, sin dirigirle con un propósito que rinda frutos de largo plazo. Necesitamos reglas claras y confiables, reguladores con mandatos claros y con capacidad de maniobrar, se requiere mucha inversión que racionalmente solo puede venir del sector privado (local pero muy especialmente del extranjero), transparencia y rendiciones de cuentas tanto públicas como privadas y un acceso dinámico a mayor capital y financiamientos.

El Pacto Eléctrico es una excelente oportunidad para encaminarnos a una ruta positiva, y si bien los que propugnan por continuar la estatización del sector están muy equivocados, tampoco la privatización dogmática nos va a llevar a algún lado. Sí, hay que privatizar, pero las reglas deben estar claras, el objetivo definido y las metas trazadas para que no tengamos que reeditar estos tres artículos nuevamente en 17 años.

El Nacional

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