Ante una ciudadanía, agobiada por la presión de la violencia, cuya raíz explica un comportamiento que ha impregnado gran parte de la población por demasiados años, la delincuencia constituye el contramodelo de lo que debe hacerse para fomentar la resistencia cívica y política frente a esa desgracia, que ha desbordado los incontables sacrificios de un sector serio de la Policía Nacional.
Y, aun así, para la mayoría de la gente, este esfuerzo, es un ejemplo desalentador y paralizante.
¿A quién se le puede reclamar valor cívico de lo que sucede?
Sin duda que el mensaje que transmite la sociedad atemorizada de una impotencia que desgarra, cuestiona a las autoridades, funcionarios que se consideran a sí mismos gentes de bien y amantes del orden.
Se ha intentado ejercer una labor de liderazgo ético, político y social con ”magnificas estrategias de seguridad”, desde instituciones más cercanas al ciudadano, incluso la iglesia, juntas de vecinos y se logra que durante un tiempo, por esto, el miedo haya acampado. Sin embargo, la forma de afrontar el mal no resulta satisfactoria.
La misma sociedad mantiene una actitud de inhibición y cobardía colectiva.
Las víctimas no solo pierden la vida, sino que sus asesinos se protegen, tras mecanismos técnicos y jurídicos contenidos en algunas leyes. De esta forma, así recae sobre ellas y su familia un manto de oprobio.
¿Será preciso acostumbrarnos a convivir con la falsedad de la impunidad, sucesos duros e incompresibles? ¿Será necesario incorporar protección individual para sobrevivir, algo que a veces, pudiera resultar letal? ¿Habrá que esperar que se siga el análisis, desde la óptica que se quiera, sociológica, política, psicológica? ¿ O vendrá el momento de aplicar la ley del ”ojo por ojo”?
