Deudas que presionan
Los tormentos del endeudamiento público no son privativos de los países subdesarrollados, dentro de los cuales se encuentran los latinoamericanos y caribeños, sino que afectan también al mundo industrializado.

En términos absolutos, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos con 19,8 billones de dólares, aunque en relación al PBI ocupa el lugar 8 con el 105 por ciento.

Japón, tercera economía del mundo (sólo superada por Estados Unidos y China) acumula una deuda pública que alcanza ya los 9,5 billones de dólares, representando el 240 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), siendo el país, en términos relativos, más endeudado del globo terráqueo.

Esos números significan que cada japonés (sobre una población de 126 millones de personas) debe a los acreedores unos 76 mil dólares.

Y si damos una vueltecita por lo predios de la Unión Europea observaremos que los países de la llamada zona euro (las economías que han adoptado al euro como moneda única) registran un endeudamiento público que representa el 90,1 por ciento sobre el PIB.
No son pocos los países europeos que ya producen bienes y servicios con un valor menor, medido en dinero, que la riqueza material creada con la producción de bienes y servicios.
Que hablen los números en materia de endeudamiento público: Grecia (177 por ciento); Italia (133 por ciento); Portugal (con 131 por ciento) y España, país que avanza aceleradamente a las puertas del nada honroso club de los más endeudados de la Unión Europea al comprometer casi el 100 por ciento de su producción de bienes y servicios concentrar ya el 99,7 por ciento sobre su PIB.

Tampoco América Latina y el Caribe escapa a la vorágine del endeudamiento público. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ofrece datos actualizados diciembre de 2016.

Así, los países de la región con mayor nivel de endeudamiento relacionado con su PIB son Brasil (con un 70,5 por ciento); Argentina (57,9 por ciento), Honduras (un 46,6 por ciento) y el Uruguay (46,3 por ciento%), en tanto que nuestra República Dominicana alcanzó el 36 por ciento, ocupando el lugar 13 sobre 19 países analizados.

Ahora bien, ¿es factible alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo (que implica un impacto positivo en el desarrollo social) con altos niveles de endeudamiento público?
¿Sería más práctico acudir a un reforzamiento institucional de los canales impositivos internos para reducir a su mínima expresión la evasión fiscal y hacer pagar a las empresas y ciudadanos que se niegan a honrar sus obligaciones ante los impuestos internos? ¿O también hacer recortes en el gasto público sin afectar las partidas de inversiones públicas y ellos gastos sociales?

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su publicación Monitor Fiscal del 19 de abril de 2017, reconoce que si un Estado necesita recursos adicionales para su gestión presupuestal debería captarlos “de la manera que resulte menos perjudicial para el crecimiento, sin poner en juego la sostenibilidad de la deuda”, precisando que “una opción consiste en financiar las políticas mediante endeudamiento adicional”, pero advirtiendo que “deuda debe usarse con prudencia”.