Bonos y negocios
El Estado dominicano acaba de hacer una emisión de bonos soberanos por un monto de 500 millones de dólares destinada a cubrir los desembolsos necesarios para la feliz terminación de los trabajos en la construcción de la esperada central termoeléctrica de Punta Catalina (integrada por dos plantas a carbón) llamada a generar unos 674,78 megavatios, constituyendo aproximadamente el 30 por ciento del consumo de energía eléctrica del país.

La confianza en el desempeño económico y la solvencia financiera de la República Dominicana por parte de los inversores extranjeros son factores objetivos que posibilitaron la colocación de los citados bonos soberanos en el mercado internacional de capitales a una favorable tasa de interés de 5,10 por ciento, con vencimiento al 2027. Debe recordarse que en enero de 2017 el país vendió bonos por unos 1,200 millones de dólares a una tasa de interés de 5,95 por ciento.

Existen algunos grupos empresariales que están apostando a la paralización o a la prolongación en el tiempo de los trabajos de construcción de la planta Punta Catalina. Pero ante el hecho cierto de que nada ni nadie detendrá la feliz terminación de los trabajos de construcción de la citada central termoeléctrica esperan golosos que el Estado anuncie su disposición de ofrecer la nueva central termoeléctrica en venta o de entregarla en administración al sector privado.
Así lo ha dicho un conocido economista que representa los intereses empresariales privados al manifestar el interés de los generadores de energía eléctrica en participar en la operatividad de la planta termoeléctrica de Punta Catalina: “Siempre que existan reglas transparentes que todos conozcan y que se apliquen equitativamente a todos los participantes en el mercado entiendo que sería saludable que el Gobierno salga de los negocios y en este caso del negocio de generación de electricidad.

Pero de nuevo con reglas claras, y que el Estado cumpla con la función de regulador que le manda la ley.”

Para esos sectores empresariales lo ideal sería que el Gobierno, en cuanto administrador del Estado, se cruce de brazos ante la gestión administrativa y el control del capital accionario. Y eso serías inadmisible, pues el sector energético es estratégico dentro de los intereses económicos, sociales y políticos del Estado dominicano, por más que se invoque el culto a la libre empresa y al consabido sambenito de “mal administrador” con el que suele estigmatizarse al sector público.

Algunos economistas neoclásicos se muestran renuentes a que el Estado asuma el reto de participar activamente en el incremento de la oferta energética nacional mediante la construcción de plantas que produzcan energía a menor costo y de mejor calidad.

Pero mal haría el Gobierno dominicano (después de comprometer el patrimonio del Estado mediante la contratación de préstamos bancarios y la emisión de bonos soberanos) en colocar la nueva central termoeléctrica en manos del sector privado, quien la operaría con el único interés de obtener más y más ganancias mediante el manteniendo de niveles tarifarios lesivos para los bolsillos de la población y las actividades productivas, comerciales y financieras del país.

El Estado debería mantener el control operativo de las plantas de carbón de Punta Catalina, aunque no llegue a descartarse algún tipo de asociación público-privada que pueda fortalecer una buena gerencia, pero donde el Estado mantenga la primacía del capital accionario.