El sistema de cuotas y su correspondiente poder de votación al interior del Fondo Monetario Internacional (FMI) debería estar signado ahora más que nunca- por una verdadera democratización y equidad que tome en cuenta los intereses de los países subdesarrollados.
Este poder de voto es determinado según una fórmula que corresponde a la capacidad de pago de cuota al FMI y el tamaño de la economía.
Fue en 1976 cuando se introdujo, a instancia de EE.UU., una modificación expresada en la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo para sustituir el 70 por ciento de los votos requeridos por un categórico 85 por ciento, afianzando de esa manera el control norteamericano sobre la operatividad del FMI.
En octubre del 2010 los países desarrollados integrantes del Grupo de los Veinte (G20) acordaron transferir el 5 por ciento de los derechos de voto en el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario a las naciones emergentes, en respuesta a su creciente importancia en el panorama internacional. Fue una buena señal, pero tan insuficiente como cosmética.
Cierto es que desde enero del 2011 economías emergentes aumentaron su poder de decisión dentro del FMI, pero nunca en una proporción que ponga el peligro el predominio de Estados Unidos y Europa en la composición de su Directorio Ejecutivo expresado en el determinante poder de veto.
Para ese entonces el hoy atormentado Dominique Strauss-Kahn, a la sazón director gerente del organismo multilateral, expresó: Es la mayor reforma jamás realizada en la directiva de la institución”. Y en verdad que se trató de un paso de avance, pero sin mayores pretensiones, pues los grandes seguían dirigiendo.
Es cierto que China y la India, junto a otros países emergentes, aumentaron su poder de votación, pero sin poner en jaque el determinante poder de veto expresado en su 17,67 de su poder de votación, lo que significa que para las grandes decisiones (que requieren ser sancionadas con un 85 por ciento) habrá que seguir contando con el visto bueno de Estados Unidos.
Durante más de 60 años ha estado rigiendo un famoso acuerdo de caballeros no escrito que consagra lo siguiente: el director gerente del FMI siempre será un europeo, en tanto que la presidencia del Banco Mundial (BM) está reservada a un norteamericano. Se trata de un acuerdo entre grandes que data desde los orígenes de esas instituciones, surgidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Los presidentes del grupo BRIC (integrado por Brasil, Rusia, India y China) han estado abogando por un nuevo sistema para la escogencia de los máximos directivos del FMI/BM basado en el mérito y no en las nacionalidades, tal como ocurre en la actualidad.
En el contexto de América Latina y el Caribe también se levantan voces autorizadas en demanda de una ruptura del actual pacto de nacionalidades para la escogencia del director gerente del Fondo, así como del presidente del Banco Mundial.
Y ahora, ante la renuncia de Dominique Strauss-Kahn como director gerente del FMI, se vuelve a plantear la necesidad de sepultar el pacto de caballero mencionado precedentemente para dar paso a otras reglas del juego, abriendo paso a nuevos candidatos de otras zonas geográficas. Y aunque en la actualidad eso suena idea, hay que seguir insistiendo en la democratización del FMI.
