La Fiscalía del Distrito Nacional presentó acusación el viernes contra tres ejecutivos de la Corporación de Crédito Rona S.A, imputados por la comisión de un fraude por 158 millones de pesos en perjuicio de más de 50 ahorrantes.
Los encartados en el expediente son los hermanos Luis Felipe Romero Navarro, presidente del Consejo de Administración de la entidad de intermediación financiera; Elucipio Romero Navarro, vicepresidente; y Juan Felipe Romero Navarro, secretario del Consejo de Administración.
La instancia fue depositada por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción, que funge como “juzgado control del caso”, el cual remitió al Primer Juzgado de la Instrucción, apoderado para conocer la audiencia preliminar contra los imputados.
Están acusados de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación de documentos, abuso de confianza y violación a la Ley Monetaria y Financiara 183-02.
Un grupo de los querellantes privados es representado por el abogado privado César Amadeo Peralta, quien adujo que los directivos de la Corporación de Crédito Rona S.A, se negaron a devolverles a sus representados el dinero invertido a través de certificados de inversión que superan en este caso unos 50,000,000 millones de pesos y que han sido infructuosas todas las diligencias a fin de que los imputados devuelvan sus depósitos.
“Eso constituye una franca violación a la Ley Monetaria y Financiera, que tipifica el delito de abuso de confianza y por ende el enriquecimiento ilícito o lavado de activos provenientes de infracciones graves”, adujo.
Para atraer clientes, la Corporación de Crédito Rona S.A ofrecía hasta un 35% de interés anual.
El banco manejaba una cartera de préstamos ascendente a $183,846,037.00, al 25 de agosto de 2016, de los cuales $158,496,351.00 correspondían a préstamos ficticios y solo la suma de $25,349,686.00 eran préstamos reales, expresa Peralta.
El 17 de marzo del pasado año, el juez Luis Borges, dictó un año de prisión preventiva a Elucipio, Luis Felipe y Juan Felipe Romero Navarro y declaró el caso complejo.
Los encartados guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
En tanto que a Katia Indira Romero e Ingrid Joa Peña, se les impuso el pago de una garantía de $500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica tras un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. El órgano investigador acusa a los imputados de estafar decenas de personas.
