El presidente de Metales Antillanos consideró que la decisión de Medio Ambiente de clausurar la empresa fue una decisión unilateral, arbitraria y sorpresiva, que según afirmó fue ejecutada sin que previamente se haya producido una decisión de un juez de la jurisdicción competente.
José Ignacio Ruiz expresó que su empresa fue cerrada mediante el uso de la fuerza con un contingente militar, “que nos recuerda los tiempos de la dictadura, afortunadamente decapitada, que ha impedido el acceso del personal, poniendo en peligro nuestra integridad, la de nuestros empleados y de nuestras instalaciones”.
Aclaró que a raíz de la resolución 13/2016 del Ministerio de Medio Ambiente ordenó el cese de las operaciones de reciclaje y reparación de embarcaciones en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, procediendo a iniciar un proceso de diálogo con las autoridades, a la vez que sometió un recurso de reconsideración ante ese Ministerio y otro de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Dijo que en el transcurso del proceso de diálogo con el ministro Francisco Domínguez Brito estaba en disposición de ejecutar un calendario ordenado y racional de adecuación de las instalaciones para responder a los requerimientos medioambientales a través de los informes de cumplimiento ambiental (ICAS).
Manifestó que al mismo tiempo solicitó al ministro que les permitiera presentar un cronograma de ejecución de la resolución que implicara el reciclaje de las embarcaciones ya contratadas, así como los acuerdos internacionales de venta de metales, plan que en un principio dijo que el funcionario aceptó.
Expresó que en todo momento ha estado dispuesto a respetar las normativas medioambientales, pero demandó preservar la seguridad jurídica, el debido respeto y no violación a la propiedad privada, el clima de negocios y la integridad de los cientos de empleados que dependen de empresa.
