Causa alivio la decisión de la Comisión Bicameral apoderada del Proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2015 de recomendar un incremento en las acciones del Poder Judicial y del Ministerio Público, organismos que se verían impedidos de ejecutar un programa tendente al mejoramiento de los tribunales de la República.
Existe consenso entre los legisladores de ambas cámaras, en torno a la necesidad de que la justicia tenga un mayor ingreso en su partida presupuestaria, lo que permitiría a la Suprema Corte de Justicia tener recursos para nombrar el 50% de los jueces de paz que requiere el sistema judicial, designaciones que no se han hecho por falta de fondos.
La falta de dinero es tan crítica que el alto tribunal no puede nombrar un abogado, una secretaria, comprar equipos, arreglar los juzgados donde se administra justicia, como es el caso de la provincia Santo Domingo, donde un tribunal funciona en un furgón, situación que constituye una vergüenza para un país en vía de desarrollo.
Siempre se ha dicho que la justicia es la cenicienta de los poderes del Estado, dado que en más de cinco décadas ningún gobierno se ha preocupado por el buen funcionamiento de los tribunales y para que el personal que tenga la manera de tener una mejora calidad de vida.
Nos identificamos con el criterio del presidente de la Suprema, doctor Mariano Germán Mejía, en el sentido de que para administrar justicia se necesita manejarse sin soberbia, ser tranquilo y humilde, con riqueza interior, con inteligencia, seguridad y sabiduría, haciendo honor a la verdad. Es imperativo que el gobierno cumpla con la ley, que establece un 4.1% del Producto Interno Bruto para el Poder Judicial, y es necesario reafirmar que la partida contemplada en el presupuesto para el próximo año atenta contra la independencia orgánica y económica de la justicia, única vía que garantiza la paz social.
La partida que se destinará para el Poder Judicial en la asignación presupuestaria para el 2015 asciendo a 5,222 millones de pesos, suma ésta que significa, en términos porcentuales el monto mínimo en violación a la ley 194-14. Por tales motivos, alienta y abre una esperanza la iniciativa del Congreso de elevar la asignación a la Justicia.
