El colmo
No deja de asombrar, por más curado que se pueda estar, que una entidad opere desde 2011 con un presupuesto del Estado, a pesar de que la ley que la creó no haya entrado en vigencia. Y más todavía que sus miembros devenguen sueldos de 385 mil pesos mensuales cada uno y la titular 500 mil, sin incluir algunos otros privilegios.
Ese es el caso de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia). La presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Laura Peña Izquierdo, se ha conformado con solicitar que el director ejecutivo sea nombrado lo antes posible para que Procompetencia comience a jugar su papel de regular los mercados y los miembros justifiquen sus jugosos salarios.
Pero si el Congreso velara realmente por los intereses de la nación hubiera intervenido sobre el presupuesto que maneja una entidad cuya ley que la crea todavía no ha entrado en vigencia. La excusa es siempre que se trabaja en la preparación del personal técnico. Pero la realidad es que desde 2011 a la fecha es mucho el tiempo que ha pasado para que ni siquiera se cuente con ese personal.
