Cacería.-
La nueva ley de lavado de activos no ha acabado de entrar en vigencia cuando desde ya nada menos que la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) advierte sobre los peligros que podría representar para el clima de negocios.

No dejan de asombrar las repercusiones negativas que según el presidente de la AIRD, Campos de Moya, podría tener la legislación de no fortalecerse las instituciones con reglas de juego claras, “en las que no existan la discrecionalidad ni propósitos particulares o políticos en las decisiones”.

El temor de De Moya se ha prestado a confusión, pues se supone que esas inquietudes debieron ser planteadas cuando se discutía el proyecto de ley.

Si bien se trata de un aviso, resulta un tanto inconcebible que sea después de la aprobación cuando la AIRD se haya percatado de que la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo que de no contarse con una justicia independiente, fuerte e imparcial, la legislación podría convertirse en una cacería de brujas, que haría más daño que bien a la sociedad.