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El sector empresarial no tiene el mismo criterio sobre el impacto de la ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La diferencia no gira en torno al espíritu de la propia ley, sino sobre las condiciones para su aplicación. Las observaciones formuladas por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) han sido prácticamente enmendadas por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache.
Al participar en un panel organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Brache, si bien coincidió en que la ley debió promulgarse con una amnistía, la consideró positiva porque crea un marco jurídico que regulará los negocios y dará mayor credibilidad a las finanzas empresariales, de modo que incentivará la entrada de nuevas inversiones.
La posición de la AIRD es que por la ausencia de una justicia independiente, fuerte e imparcial, así como de reglas de juego claras la legislación podría tener repercusiones negativas en las empresas y hasta convertirse en una cacería de brujas.
