El notable incremento de la criminalidad en el país ha conducido a muchos, bajo premisas equivocadas, a propugnar por una mayor drasticidad, no solo en la aplicación de las penas, sino incluso en el proceso mismo que conduce hacia eso, es decir, son partidarios de que todo el sospechoso de haber cometido un crimen o un delito, sea conducido a prisión en lo que el caso se investiga. Es el penoso retorno del tránquenlo ahora e investiguen después, de tan funestas consecuencias, con la agravante de que eso solo se esgrime para un tipo específico de criminalidad, la de baja estofa o chatarra.
Una defensa en esa dirección suele ser sustentada en una consideración exagerada de las circunstancias de hecho que caracterizan el proceso judicial dominicano, dominado por una gran inseguridad de que los procesos culminen exitosamente con los imputados en libertad.
Eso coloca en posiciones enfrentadas dos intereses contrapuestos, el de la víctima, quien aguarda una respuesta efectiva del aparato judicial ante el hecho por el cual ha resultado agraviada, y el del imputado, al que le asiste el derecho al respeto irrestricto a una tutela judicial efectiva. Es ante esta disyuntiva difícil donde se requiere una actuación procesal sabia, justa y funcional, la que debe ser encontrada en las propias alternativas que las leyes y la constitución ofrecen, vale decir, lo más alejada posible de fundamentos populistas, subjetivos y timoratos en exceso.
Postular por una aplicación de la ley bajo los sustentos que estoy pregonando debe hacerse con absoluta independencia de los protagonistas involucrados. No es posible tener culpables favoritos y pretender que se envíen a las cárceles a todo aquel que los indicios lo sindican como culpable o que nos desagrade por cualquier razón. Hay que ser coherentes y siempre partir del principio ineludible de que todos somos iguales ante la ley, por más que sepamos que eso está muy lejos de ser así en este país tan especial.
En mi caso particular fui sometido a una prueba de fuego con el caso del senador Amable Aristy Castro, presentado hace poco ante la SCJ en una audiencia donde el Ministerio Público solicitaba la imposición de prisión preventiva en su perjuicio. Defiendo de forma absoluta la sentencia que rechazó tal solicitud, aunque al hacerlo aniquilaba todas mis ganas de que el imputado de referencia algún día deje de ser un político que siempre parece salirse con las suyas.
