La prisión preventiva, en sentido general, es la privación de la libertad de una persona durante el curso de una investigación de un hecho penal en el cual existen posibilidades de que ella resulte culpable y, en consecuencia, ser pasible de la imposición de una pena que puede incluir prisión.
Así como el sujeto investigado puede resultar culpable, también puede ser declarado inocente y, por eso, no ser objeto de ninguna pena de prisión. Esa sola circunstancia determina que lo aconsejable sería mantener esa persona en el estado natural del ser humano, que es la libertad, y sola reducirla a prisión cuando las pruebas presentadas a los jueces que la juzgan no dejen lugar a dudas respecto a su culpabilidad.
Es comprensible que el enviar a las calles a un imputado sometido a la posibilidad de aplicársele una pena de prisión supone la existencia de un sistema organizado y funcional que garantice que estará presente en todos los actos de procedimiento para los cuales sea requerido. También es verdad que la experiencia histórica dominicana es traumática al respecto y cuando regía la antigua libertad provisional bajo fianza el hecho de otorgar la misma conllevaba, en la generalidad de los casos, que ese proceso jamás se reanudaba. Era una absolución disfrazada.
No obstante, es inaceptable que alguien sea encerrado de forma preventiva por el solo hecho de no tenerse las garantías de que el proceso pueda ser continuado por las debilidades propias de un sistema del cual él no es responsable. Eso es algo muy diferente a que exista un peligro inminente de fuga, en cuyo caso sí se justifica la imposición de la prisión preventiva, debiendo concurrir las demás causales que la permiten. Todo lo que se salga de eso es abusivo, irracional, inaceptable y anti jurídico.
Los jueces penales dominicanos han estado actuando bajo una gran presión social al respecto, la cual, casi los conmina a dictar prisión preventiva en la inmensa mayoría de los casos que conocen bajo el humano, pero rechazable temor de que si ocurre algo con el imputado que evite que sea procesado sean señalados como prevaricadores.
En una actuación judicial bajo criterios de esa naturaleza, puede estar la simiente para que surjan grandes injusticias porque resulta imposible resarcir a una persona que ha sido sometida a prisión por un hecho en el cual, el desarrollo posterior del proceso determinó que ella no tenia responsabilidad.
