Las frecuentes declaraciones públicas de la Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Michelle Cohén, elevan las esperanzas de que a casi ya 6 años luego de su promulgación, la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia finalmente será una realidad.
Aún faltando la designación del Director Ejecutivo y la aprobación de los reglamentos de aplicación para que la ley entre en vigencia, es importante tener en cuenta que los retos que enfrentará Pro-Competencia serán monumentales una vez deba empezar a hacer lo que durante décadas se dejó de hacer.
Automáticamente entre en vigencia la Ley, Pro-Competencia nacerá con una enorme cantidad de frentes abiertos. La República Dominicana está plagada de monopolios abusando de su posición dominante, asociaciones de productores y proveedores de servicios así como sindicatos que en gran medida sirven como carteles para acordar precios; adicionalmente estamos llenos de subsidios y exoneraciones entregados de forma inapropiada, entre muchas otras prácticas que atentan contra la competencia y operan en detrimento de consumidores y usuarios.
Otro frente que tendrá esa entidad en el corto y mediano plazo, seguramente será el de las propias limitaciones que arrastra la ley de casi 6 años sin aplicarse, que hoy luce obsoleta en algunas partes. Si bien la Constitución prohíbe los monopolios, ninguna entidad gubernamental parece estar encargada de mantener en la práctica esa prohibición. Pro-Competencia, en teoría, sería la encargada de evitar la constitución de monopolios pero la ley que le crea no prevé esa facultad, y es imperioso que esta pueda intervenir incluso de manera preventiva en este aspecto.
La Ley de Defensa de la Competencia es quizás la más importante en términos reales de las reformas planteadas desde el año 2000 para mejorar la competitividad del país. Este fue un proceso que debió realizarse casi de forma simultánea, pero que lamentablemente se disgregó en distintas leyes empezando con las leyes de derecho de autor y de propiedad industrial, seguido por las leyes de protección al consumidor y la de competencia, y que ha incluido a la Ley de Sociedades Comerciales, y que tiene pendiente aún la reforma del Código de Comercio y una Ley de Reestructuración Mercantil.
La importancia de la Ley de Defensa de la Competencia por encima de las demás es que esta tiene capacidad de incidir de forma más significativa en el comportamiento del mercado y en el global de la economía.
El furor generado por el inicio y continuación de la gestión de una entidad como Pro-Consumidor debería palidecer frente a lo que idealmente debiera ocurrir con Pro-Competencia. Este última podrá incidir allí donde Pro-Consumidor no puede, a pesar de los reclamos populares por su intervención. Será Pro-Competencia la que investigará los acuerdos para fijar precio, pondrá su ojo sobre la práctica de abuso de posición dominante o fijación de precios predatorios, tendrá una voz de alerta en la fusiones o adquisiciones que creen monopolios de facto, y que podrá, en el largo plazo, enfrentar las trabas de hecho que hacen del modelo económico aplicado hasta ahora en la República Dominicana, un fracaso.
Confieso que el entusiasmo de la Sra. Cohen para con el futuro de Pro-Competencia, me entusiasma.
