La Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de la comunicadora de Yolanda Martínez como miembro del Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA, en sustitución de la Lic. Michelle Cohen. No sólo la Sra. Martínez tendrá que llenar unos zapatos bien grandes dejados por la Lic. Cohen, quien hizo un trabajo formidable en llevar los asuntos de competencia a la luz pública, sino que esta posiblemente asuma la difícil encomienda de finalmente ver nombrado al Director Ejecutivo de esa entidad y que la Ley General de Defensa de la Competencia, para fines prácticos, entre en vigencia.
La entrada en vigencia de la Ley General de Defensa de la Competencia es fundamental para poder hacer frente a muchos de los problemas existenciales de nuestro país, desde los precios de los bienes de la economía hasta los salarios que se pagan en el sector privado así como asuntos derivados de estos están impactados por las prácticas anticompetitivas en nuestra economía.
La Sra. Martínez tendrá que dar la cara en favor de la competencia en un país donde productores abiertamente declaran a la prensa haber llegado a acuerdos de precio para sus productos, y donde sin un ápice de consciencia, ministerios del Estado no sólo rubrican esos acuerdos sino que adicionalmente los promuevan, en perjuicio directo de todos nosotros, los consumidores.
En su paso por PROCOMPETENCIA la Sra. Cohen hizo un encomiable esfuerzo de inculcar una consciencia de defensa de la competencia no solo en una población que no entiende nada de eso y que no sospecha la magnitud del daño que las prácticas anticompetitivas infligen directamente en sus bolsillos, sino también en las mismas autoridades. La falta de competencia y la ejecución de prácticas anticompetitivas son elementos enraizadas en la cultura corporativa dominicana y esa cultura se contagió al Estado, el mismo que en principio está llamado a castigarla.
Espero que el renombre y popularidad de Yolanda Martínez como comunicadora de décadas a través de importantes medios locales pueda servir para impulsar las metas de PROCOMPETENCIA, sea a través de más exposición mediática o para influenciar un cambio dramático en las políticas estatales de competencia. Y si tenemos suerte, finalmente se logrará la entrada práctica en vigencia de la Ley que ya tiene 8 años en un virtual limbo, detenida únicamente por un nombramiento a una posición fundamental en el esquema de protección a la competencia, lo que resulta altamente irónico en República Dominicana.
La República Dominicana no puede darse el lujo de desperdiciar una década completa sin implementar un adecuado mecanismo de defensa de la competencia y de castigo a las prácticas anticompetitivas. No si deseamos que nuestra economía funcione de manera correcta, tanto en la generación de empleo, la mejora de los salarios, las recaudaciones de impuestos y en la calidad de los bienes y servicios, todo lo cual está siendo impactado en el desastre que llevamos en materia de competencia.
