El enriquecimiento ilícito no está penado por la ley, aseguró ayer el procurador general de la República, quien explicó que la corrupción existe tanto en el sector público como en el privado debido a que está arraigada en la sociedad dominicana.
El doctor Radhamés Jiménez Peña entiende que la corrupción es un problema sistémico en cuya solución deben participar los sectores público y privado y la sociedad civil.
Al respecto, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), recordó que la corrupción no surgió por primera vez en la República Dominicana, y coincidió con Jiménez Peña en que el enriquecimiento patrimonial no constituye en sí un tipo penal.
El doctor Hotoniel Bonilla informó también que investigan las denuncias de corrupción surgidas desde el 2004, y que darán a conocer los resultados a su debido tiempo.
Las denuncias de corrupción en la administración pública han proliferado en las últimas semanas, pero no han sido acompañadas de las pruebas correspondientes.
Han destacado las acusaciones contra el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, al que se atribuye la sobrevaluación de obras.
También se denunció que el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, había designado unas 40 personas parientes a allegadas, lo que fue admitido por el funcionario, quien defendió el derecho de esas personas trabajar.
Segura también aseguró que las acusaciones procedían de grupos que buscarían manejar la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste).
Mientras, organismos anticorrupción y el Ministerio Público se comprometieron ayer dar seguimiento a las denuncias de supuestos casos de corrupción de funcionarios públicos, y que para los próximos días darán respuestas a las inquietudes en ese sentido.
Sin embargo, sobre el caso CDEEE, el INDRHI y el PRA explicaron que aún no pueden ofrecer ninguna información, pero que el pueblo tendrá respuesta a cada uno de ellos
El anuncio fue hecho luego de que la Escuela Nacional del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Ética firmaran un acuerdo para impartir programas educativos en valores éticos y morales dirigido a los funcionario públicos y a todos los aspirantes del sector justicia.
