Mueve a preocupación el aumento vertical del número de prófugos de la justicia en el Gran Santo Domingo, cuyos paraderos se ignoran, pues han cambiado de domicilio o se ha marchado del país, burlándose del Poder Judicial y de la sociedad dominicana, representada por el Ministerio Publicó, institución encargada de la persecución y sometimiento de los infractores de la ley. También los fiscales son responsables de la ejecución de las sentencias, evacuadas por los tribunales represivos.
Alarma y causa incertidumbre, la revelación de la fiscalía del Distrito de que hay 6 mil 241 imputados en rebeldía, que no han podido ser localizados pese a los esfuerzos de las autoridades judiciales, a los fines de que obtemperen a los requerimientos judiciales en los procesos en que están involucrados. Asimismo, trascendió que la provincia de Santo Domingo tiene más de 10 mil personas en conflicto con la ley, que se encentran prófugas.
Quienes huyen de la justicia son aquellos que cometen hechos punibles, y los jueces les han variado las medidas de coerción preventiva por garantía económica o cualquier otra disposición que no implica su encierro en una cárcel. Sectores representativos del conglomerado social, no se explican por qué algunos jueces son tan proclives a poner en las calles a delincuentes, muchos de ellos confesos criminales, siendo imposible que sean alcanzados por el brazo de la justicia.
Se impone, pues, una modificación urgente al Código Procesal Penal,especialmente el artículo 226 que trata de las medidas de coerción, y que contiene un abanico de opciones que excluyen la prisión preventiva, y constituyen las bases de sustentación de los jueces para cambiar la decisión que envía a un imputado a un recinto carcelario por un tiempo determinado, hasta que el Ministerio Público concluya la fase de investigación de cada expediente y presente su acto conclusivo.
Entendemos que hay consensos entre las más altas autoridades judiciales y núcleos de la sociedad civil, para cerrar las brechas del Código Procesal que permite que los delincuentes adquieran su libertad, y vuelvan a delinquir, dado que no fueron castigados en su oportunidad, sembrando el pánico y temor en la ciudadanía con sus acciones condenables.
