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Juan Bosch asumió el Gobierno el 27 de febrero de 1963 y de inmediato abrazó un ambicioso programa de reformas y promulgó una Constitución considerada muy avanzada para su época, en pleno apogeo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
La Iglesia, sectores políticos y empresariales encabezaron entonces una dura campaña de oposición a su programa que, siete meses después, provocó su caída y la asunción del poder por parte de un triunvirato militar.
El logro principal de los primeros 100 días del Gobierno de Bosch fue la formulación y la promulgación de una nueva Constitución.
De acuerdo con los propósitos reformistas de Bosch, el contenido de ese documento fue muy perturbador para los elementos tradicionalmente privilegiados de la sociedad dominicana y la Iglesia Católica se sintió ofendida por omisiones y previsiones que se referían a las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
También, en la Constitución se habían modificado provisiones del proyecto original sobre los derechos y las relaciones entre los obreros y patronos, de tal manera que dejaron asuntos específicos para una legislatura futura.
Bosch hizo algunas observaciones hacia las concesiones especiales a corporaciones extranjeras, a las que consideraba perjudiciales para la soberanía dominicana, pero no obstante tenía la esperanza de lograr un desarrollo económico y una mejoría social principalmente por medio de la inversión privada extranjera.
Consideraba que la ayuda gubernamental proveniente de Estados Unidos debería ser meramente suplementaria a tal inversión, actitud bastante rara en América Latina.
Esperaba atraer la inversión privada por medio de medidas tales como balancear el presupuesto, saldar los compromisos existentes y por medio de un programa de trabajos públicos a ser financiado a través de una línea de crédito que obtuvo de un consorcio estadounidense y de firmas europeas.
En esto Bosch fue ayudado en gran medida por los altos precios del azúcar en el mercado mundial.
Ante su avanzado programa, adversarios pusieron en marcha una campaña para desacreditarlo y lo acusaron de que estaba comprometido con establecer una dictadura comunista.
La CIA admitía entonces que no existía evidencia de que Bosch fuera comunista, que todo lo cual era un asunto de inferencia tenue a partir de la acusación de la que él era muy vulnerable.
La propagación concertada sugería un esfuerzo deliberado para la ganar la sanción de Estados Unidos a favor un golpe militar.
Desde su toma de posesión, Bosch permitió el regreso de un número considerable de dirigentes comunistas deportados por el Consejo de Estado.
El les permitió completa libertad en sus actividades organizativas, naturalmente, siempre que sus ataques fueran contra el antiguo régimen y no contra su Gobierno.
Convencido de su propia fuerza popular, Bosch no veía ninguna amenaza contra su Gobierno en esta actividad de los comunistas. Podría considerarse que su tolerancia demostraba su fortaleza y carácter democrático.
Sin embargo, la CIA estimaba que el peligro comunista en República Dominicana, aunque no era inmediato, era potencial.
Teniendo presente la libertad de organizarse y agitar, los comunistas se convertirán en mejor preparados para aprovechar alguna oportunidad futura, se comentaba en un memorando de la CIA, de fecha 7 de junio de 1963.
La agencia consideraba que si por ineptitud administrativa, Bosch debe dejar de satisfacer las expectativas de la República Dominicana, o si debía ser derrocado por un golpe de Estado reaccionario, los comunistas estarán en posición para aprovechar el liderazgo del movimiento revolucionario popular.
