MEXICO. AP. El presidente Felipe Calderón se pronunció el jueves a favor de analizar la posibilidad de establecer jueces anónimos en México y de realizar modificaciones legales para proteger a los denunciantes a fin de que no queden expuestos a las venganzas del crimen organizado.
En un encuentro con legisladores en la continuación del análisis de su estrategia de seguridad con sectores sociales del país, el mandatario también recriminó a Estados Unidos que no se esfuerza en reducir el consumo de drogas y calificó al vecino del norte de irresponsable por vender armas que terminan en manos de los carteles de las drogas. Calderón señaló, además, que si es necesario mantendrá hasta el final de su gobierno al ejército en las calles para combatir a la delincuencia organizada.
El presidente, que concluye su mandato en 2012, había dicho que habría un retiro paulatino de las fuerzas armadas de esas tareas conforme se depuraran y fortalecieran las policías locales, algo que en gran medida no ha ocurrido.
El mandatario dijo que si bien la figura de jueces anónimos va en contra de la tradición jurídica mexicana, consideró que hay que valorar esa experiencia al mismo tiempo de estudiar nuevas garantías a policías, fiscales, testigos y ciudadanos en general para que denuncien sin temor a sufrir la venganza de los criminales.
El pronunciamiento sobre los jueces anónimos pareció contradecir las acciones recientes de México por instalar un sistema judicial más abierto. Esas medidas, apoyada por millones de dólares en ayuda estadounidense, crearían un sistema acusatorio que colocaría la carga de la prueba sobre los fiscales y establecería juicios orales que sustituirían el procedimiento actual que es casi totalmente por escrito.
Una ley aprobada por los 32 estados mexicanos en el 2008 prevé que la terminación de la reforma para el 2016. Calderón refirió que ha habido casos de policías federales en el estado occidental de Michoacán, considerado bastión del cartel de La Familia, que tras haber declarado ante fiscales son cobardemente asesinados en la carretera a su regreso a la ciudad de México.
Consideró que más allá de la burocracia en el sistema de procuración de justicia, la gente no denuncia por miedo a que se conozca su nombrentes, los ministerios públicos (fiscales), los policías y los jueces, dijo.
Presenta un tema de vulnerabilidad esta tradición jurídica de que el procesado tiene derecho a ver quién lo acusa, cómo lo acusa, cómo se llama, de qué trabaja, dónde vive, añadió.
