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Proponen SCJ impulse refoma al Código Penal      

Proponen SCJ impulse refoma al Código Penal      

El doctor Vinicio Castillo Semán, consideró este miércoles que en vez de adoptar medidas reglamentarias en torno al procedimiento de medidas de coerción o prisión preventiva, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo que debe es preparar un proyecto de modificación del Código Procesal Penal.

Castillo Semán explicó que la SCJ puede utilizar su capacidad de iniciativa legislativa, preparar un proyecto de modificación del Código y enviarlo al Congreso Nacional.

El abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) se refirió al tema apropósito de las declaraciones hechas ayer por el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien no descartó que el tribunal tome medidas reglamentarias para reforzar el mecanismo de adopción de medidas de coerción.

Castillo Semán dijo que cualquier modificación del Código Penal debe estar orientada a garantizar que los delincuentes peligrosos estén en la cárcel.

“Nosotros entendemos que una situación que tiene que ver con la libertad del individuo en cuanto al marco legal, debe estar escrita en la Ley, no en reglamento que pueda dar la Suprema Corte de Justicia”, expresó Castillo Semán.

En ese contexto enfatizó en que lo más saludable es que sea la propia SCJ la que promueva la modificación del Código Penal.

El Código Penal vigente desató un debate tan pronto fue puesto en vigencia hace unos seis años, porque algunos creen que favorece a la delincuencia.

A las “benevolencia”, del Código atribuyen muchos el auge de la delincuencia y la violencia, así como del propio narcotráfico, por las facilidades que da para que los jueces pongan en libertad a los acusados.

El último de los escándalos relacionados con esas facilidades del Código Penal para que la gente salga de la cárcel, es la puesta en libertad de Sobeida Féliz Morel, quien a pesar de haber sido detenida durante un operativo en el que se incautaron 4.6 millones de dólares, la jueza Rosanna Vásquez la puso en libertad mediante el pago de una garantía económica.

En la mayoría de esos casos los jueces alegan que actúan en base a lo que establece la legislación.

El Nacional

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