El Partido Reformista Social Cristiano sostuvo que el aumento de la canasta familiar y la ineficiencia del Estado en la prestación de servicios “hacen imperativo” un aumento general de los sueldos tanto en el sector público como privado, pero entiende que para ello deben implementarse medidas que eviten “efectos secundarios adversos”.
Explicó que las precariedades en la prestación de determinados servicios por parte del Estado está obligando a la ciudadanía a pagar los mismos, “cuando ordinariamente estos servicios, como educación, salud, agua, energía, seguridad y otros, deberían ser provistos gratuitamente por los poderes públicos”.
De acuerdo a un informe del Gabinete Técnico del PRSC que dirige el economista y ex gobernador del Banco Central, Guillermo Caram, se hace pertinente contextualizar y hacer las advertencias de lugar para que la implementación de dicha iniciativa “no termine incrementando significativamente costos de producción de bienes y servicios que puedan precipitar espirales inflacionarios que incrementen el costo de la vida hasta consumir los incrementos salariales”.
Dicen que ante el respaldo que está recibiendo el reiterado planteamiento presidencial sobre un incremento salarial por parte de importantes instancias políticas y empresariales, incluyendo el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), el Gabinete Técnico consideró pertinente hacer las advertencias.
En ese sentido, aseguran que la implementación de esta iniciativa debe cuidarse para que la modificación salarial no atente contra la supervivencia financiera de empresas, provocando constreñimiento o cierres, incidentes en la producción así como despidos laborales.
Igualmente, evitar disminuciones en la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades habida cuenta el déficit anual de la balanza de pagos de US$ 2467 millones para el 2013.
“El aumento salarial no debe impedir el incremento de la generación de puestos de trabajo compatible con la dignidad humana ante el desempleo que afecta nuestra población, que el Banco Central sitúa en el orden del 15%; en circunstancia que el 85% empleado se encuentra con características insatisfactorias de calidad del trabajo, informalidad, pluriempleo y precariedades laborales”, agrega la nota del PRSC.
En ese sentido, dijo que deben comprender que el salario en la economía predominante de mercado que vive el mundo contemporánea “es una resultante susceptible de negociación entre los puestos de trabajo existentes y las personas demandantes para ocuparlos por lo que las iniciativas de mejoramiento salarial no deben disminuir el interés por crear puestos de trabajo vía la activación de la economía”.
“También hay que evitar que los aumentos salariales traduzcan incrementos neutralizadores en los costos de producción generadores de inflación que podría anular los efectos positivos del aumento salarial”, apuntó el equipo técnico del PRSC.
Asimismo, sugiere evitar que los aumentos de gastos, y su financiamiento, que generen los incrementes salariales afecten la producción, productividad, competitividad y rentabilidad razonable para el sector privado, e incremente los déficits en el sector publico.
Y evitar –señalan- que los incrementos salariales desestimulen la productividad laboral y económica como sucedería si estos se efectúan sin tomar en cuenta la evaluación del desempeño de cada empleado o trabajador.
También sugiere evaluar como alternativa la mejoría y economía en la prestación de servicios públicos por parte del Estado.
Igualmente, entiende que toda modificación salarial más allá del ajuste por inflación debe ir acompañada de una evaluación del desempeño de trabajadores.
En ese sentido, resaltó que una modificación generalizada igualitariamente, “premia el mal desempeño y desestimula el bueno, lo cual incide en la productividad laboral”.
