El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) ha denunciado que desde el Poder Ejecutivo hay interés por controlar a la institución, propósito al que atribuyó que se haya emprendido una supuesta campaña para desmeritarla, que definió como una aventura que afectaría a la democracia.
La denuncia del doctor Roberto Rosario Márquez tiene ribetes de muy grave, sin importar si puede ser acompañada con los elementos de pruebas pertinentes, porque evidencia la prevalencia de una relación al menos tensa entre el Gobierno y la JCE.
El conflicto parece tener raíces en declaraciones atribuidas al contralor general de la República, Rafael Germosén Andújar, de que esa dependencia tiene autoridad para fiscalizar fondos públicos administrados por el tribunal de elecciones, así como los requerimientos para que la JCE cumpla con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Rosario Márquez rechaza que esos órganos oficiales tengan competencia sobre la Junta e insiste en que desde el Poder Ejecutivo se ejecuta una campaña para desmeritar a la JCE y a su presidente, lo que estimó tendría efectos no deseados sobre el proceso electoral que se avecina.
Es difícil atribuir malas intenciones a funcionarios que dicen procurar que se garantice transparencia en el uso y destino de fondos públicos o en licitaciones para compras y contrataciones en dependencias estatales, pero es menester establecer si esas dependencias oficiales poseen calidad para incursionar en el fuero de un órgano con los niveles de autonomía de la JCE.
Ese conflicto de competencia entre poderes del Estado solo podría dilucidarse en el Tribunal Constitucional, porque se trata de interpretaciones dispares en torno a la Ley Sustantiva, por lo que sería conveniente que las partes escojan esa vía y no la de la pugna pública.
Es obvio que ningún funcionario o institución pública está por encima de la ley, pero tampoco nadie puede arrogarse más atribuciones o poder que lo que confiere la ley, por lo que tanto el presidente de la JCE como los funcionarios inquisidores están en obligación de ajustarse a la normativa constitucional o adjetiva que rigen sus respectivos litorales.
Lo prudente sería que desde el ámbito del Gobierno se ofrezcan seguridades de que no se persigue ni se apadrina hostilidad contra el tribunal de elecciones y que el conflicto de competencia, si no encuentra resolución a través del diálogo, sea dirimido en el Tribunal Constitucional.
