Con sorprendente frecuencia, que convierte lo insólito en rutinario, altos funcionarios producen declaraciones que parecen extraídas de novelas sobre sucesos y asuntos trascendentes, por lo general en sonados casos de criminalidad.

Después de hechos consumados, como muertes en intercambio de disparos, las autoridades extraen de la manga el supuesto prontuario delictivo que condena una lacra o residuo social a ser bien matada en ejecución sumarísima.

Si hay miembros activos o retirados de cuerpos armados, penetrados por narcotráfico y corrupción, entonces sorprende que las andanzas de esos depositarios de autoridad hayan sido ignoradas y/o toleradas por años y, cuando trascienden, nadie sabía nada.

No tiene explicación que las autoridades revelen, al informar un suceso escandaloso, que tal o cual acusado era sicario con medio centenar de asesinatos, porque obliga a preguntar cómo lo sabían, y de ser así, porqué no evitaron ese cementerio particular.

El Ministerio Público admite perder la guerra contra la delincuencia, en especial el narcotráfico, porque ejerce influencia decisiva en todos los estamentos de persecución criminal y, sin embargo, no ejecuta acciones puntuales para contrarrestarlo y sanear instituciones.

Hay evidentes fortunas, bienes inmuebles y vehículos costosos, que exhiben funcionarios, civiles y militares que no resisten la mínima investigación sobre su origen o justificación de posesión, pero eso no motiva la acción de alguna autoridad en uso y cumplimiento de la ley.

La falta de acción, omisión e inercia oficial, equivale a complicidad de la autoridad frente a tantos crímenes escandalosos, corrupción y sustracción del erario, lo que acarrea pérdida de credibilidad, desconfianza e incremento de inseguridad ciudadana y jurídica en desmedro del estado de derecho.

De seguir así, esto conduce inexorablemente a que el ciudadano tome la justicia en sus manos con el consecuente caos y anarquía, volver a la venganza privada y ley del más fuerte. ¡Ojo con eso!