Muertes por accidentes y ley
Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en República Dominicana, simple enunciado que llama a preocupación y atención urgente ante la gravedad de datos macabros como la tasa de 41 fallecidos en calles y carreteras por cada 100 mil habitantes, segunda más alta del mundo.
Esta contundente verdad obliga a pensar que homicidios, femenicidios y demás expresiones de creciente criminalidad están por debajo y que los muertos por accidentes también superan los causados por virus y enfermedades catastróficas como cáncer, sida y diabetes, entre otras.
En el plano económico, datos gubernamentales son para alarmarse porque situación implica costo anual de 700 millones de dólares, equivalentes al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 75% del gasto social en salud pública, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
El país ocupa un poco honroso lugar comparado con Latinoamérica, pues la tasa de 41 fallecidos por 100 mil habitantes duplica el promedio regional y es escandalosa ante los indices de 20 para Brasil, 17 de Paraguay y Ecuador, 16 de Uruguay y 13 de Argentina, Colombia y Perú.
Esto implica que en el país hay que repensar la seguridad vial y todo el andamiaje del tránsito y transporte con factores como parque vehicular, profusión de motocicletas, unidades individuales y colectivas, obsolescencia y, más que nada, planes preventivos y educativos, así como severidad en aplicación de la ley.
Manejar en calles y carreteras es transitar por la selva y convertirse en animal para sobrevivir a embotellamientos, violaciones legales palmarias e impunes ante inefectiva fiscalización por temor a meter en cintura miles de “padres de familias” (choferes) que son auténticos dueños del país, sin control.
Ha llegado el momento de imponer la dictadura de legalidad, obligada por gravedad del caso y caos mortal del tránsito, para disminuir tantas muertes.
