Opinión

PUNTOS… Y PICAS

PUNTOS… Y PICAS

Derechos humanos y RD

 

La guerra de sentencias, nacionales e internacionales, tiene repercusiones internas y externas para el Estado derivadas cronológicamente de la controversial 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), la ley 169-14 del Congreso Nacional, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su respuesta local, la 256-14 del mismo TC.

El meollo es la nacionalidad con impacto en migración, por un lado, y el respeto a derechos humanos, por otro, vinculados transversalmente por soberanía estatal y sazonados por posiciones de ultranacionalistas y sus contradictores llamados antipatriotas asociados a “enemigos” internacionales.

Todo esto coloca a República Dominicana en crítica imagen externa por reiteradas condenas de la CIDH por violar la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, del cual el Estado es signatario, aunque ahora se quiera desconocer.

Contra inmigrantes haitianos históricamente se han cometido abusos que incluyen deportaciones o expulsiones masivas sin formalidades, como las que sustentan la última condena de la CIDH por hechos de 1999 que lesionaron, inclusive, dominicanos.

La soberanía es innegociable y ninguna CIDH u otro órgano puede dictar pautas de derecho interno sobre nacionalidad ni en políticas migratorias que también son privativas de autodeterminación estatal.

Los acuerdos son para cumplirse, resalta sentencia latina “pacta sunt servanda” y así compromisos internacionales, como Pacto de San José, deben honrarse, máxime si implican defensa y protección de postulados que son derechos fundamentales en la Constitución.

Desafiliarse de la CIDH no es sólo del tribunal, implica denunciar la Convención Americana y cumplir su protocolo, aunque paradójicamente el Estado la reconoció al aceptar su competencia en anteriores procesos y patrocinar abogada dominicana que ejerció allí como juez.

Este conflicto de decisiones internas y externas, sin soslayar el meollo del debate, no es solo de nacionalismos y legalismos, compromete la reputación internacional del estado dominicano en derechos humanos.

El Nacional

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