Desnacionalizados y migrantes

El presidente Danilo Medina habló en la cumbre del Sistema de Integración de Centro América (SICA), el pasado 26 en Guatemala como esperaban los dominicanos lo hiciera sobre las delicadas relaciones con Haití y sus migrantes al país, en la alocución del 17 de junio pasado.

Esas explicaciones a la comunidad internacional también son válidas para sus gobernados e importan más que la repostulación presidencial porque comprometen la soberanía para imponer reglas a extranjeros que viven aquí, especialmente migrantes haitianos, mediante el plan de regularización.

En el contexto socioeconómico y jurídico está, en la otra parte de las acciones de gobierno posteriores a la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el régimen especial para nacidos aquí, de padres extranjeros, inscritos de manera irregular en el registro civil, establecido por ley 169-14.

Ese aspecto diferenciador de asuntos en debate a propósito de migrantes es la situación de desnacionalizados por el Tribunal Constitucional a partir del caso Juliana Deguis Pierre, con carácter retroactivo a 1929, en la decisión que convierte la República Dominicana en hazmerreír jurídico internacional.

Como dijo el presidente Medina en Guatemala, es importante destacar, entonces, la situación de más de 55 mil personas nacidas dominicanas según la Constitución vigente hasta 2010 que ahora, después de grandes controversias, la Junta Central Electoral convoca para acreditarles la nacionalidad despojada.

Ha sido tarde pero es importante y trascendente, merece resaltarse porque corrige injusticias y somete a legalidad las propias autoridades de la JCE negadoras históricas de derechos fundamentales de estas personas que no pueden cargar con errores y negligencias estatales históricas.

Debe quedar claro que un grupo son los extranjeros, quienes penetraron o viven aquí ilegalmente, sobre los que el Estado tiene derechos soberanos para regular su estatus, otro es el de nacidos en territorio nacional que son dominicanos por derecho al suelo y merecen protección constitucional.