Inflación educativa

El deterioro de calidad educativa pública, pese a iniciativa presidencial de mejora infraestructural desarrollada en este cuatrienio, provoca crecimiento de matrícula en el sistema educativo privado y grave problema económico anual para los padres por el encarecimiento de costos.

Amparados en libertad de comercio con ausencia de regulación oficial efectiva, la operación de centros educativos es gran negocio en vez de servicio público básico porque pago de matrícula, mensualidad, textos y utilería es dolor de cabeza por incremento anual.

Para este tiempo ocurre “lo mismito del año pasado”, denuncias de padres y madres de que colegios elevan tarifas de inscripción y mensualidades mientras libros y útiles sufren alzas de entre 20 y 40 por ciento, además del cambio de año en año.

Estos incrementos son unilaterales y desproporcionados, decididos por dueños de negocios educativos sin intervención ni autorización oficial, al margen de la tasa de inflación indicada por Banco Central y sin posibilidad de acción para contrarrestarlo por padres y madres de alumnos.

Es un cuadro repetido cada año, cíclico, que evidencia autoridades ineficientes, incapaces de ejercer rol de control y regulación bajo el supuesto de libertad de comercio y ausencia de legislación condigna, así como de irresponsable falta de voluntad política para auxiliar familias afectadas.

Por el deterioro de calidad en educación oficial, problemas con docentes y estructuras físicas, la matrícula escolar pública disminuye con migración al sector privado y parece reservada solo a alumnos de sectores más pobres de pirámide social que no tienen otra salida.

Todo se queda en escarceo mediático, lamento de afectados y manipulación oficial porque nada se hace para remediar este cuadro anual, ninguna acción legislativa ni siquiera el propuesto bono educativo que compense o amortigüe el presupuesto familiar. Pobre educación y pobres padres, así marcha la involución educativa. ¡Qué viva libertad de comercio!