Mano dura legal

Después de pasar balance periodístico al año finalizado y admitir el predominio de inseguridad y tolerancia de corrupción con su secuela de impunidad, los objetivos prioritarios del nuevo período deberán apoyarse en la anhelada dictadura de la ley.
La solución de problemas ancestrales como parte de la inacabada deuda social acumulada tiene como punto de partida la voluntad política originada en los poderes públicos para hacer cumplir el ordenamiento jurídico y dar a cada quien lo que le corresponde.

Es el espíritu de justicia que debe primar sin necesidad que el pueblo invoque figuras del pasado, protagonistas de épocas ominosas superadas con saldo sangriento, para demandar mano dura contra situaciones apremiantes.

El esqueleto jurídico del estado es complejo, amplio y suficiente para que con el solo hecho de cumplir y hacer cumplir lo escrito en el pacto fundamental que es la Constitución y en leyes adjetivas, se superen problemas claves que amenazan la paz pública.
Hay que insistir en el compromiso oficial que se inicia con el presidente de la República al asumir mandato y jurar ante la Asamblea Nacional, por expresa obligación establecida en la propia Constitución, cumplir la ley, respetar derechos ciudadanos y defender soberanía nacional.

El suceso noticioso más sonado actualmente, del finado ex teniente del Ejército John Percival Matos, tuvo desenlace fatal después de precisa orden presidencial de resolver casos de delincuencia mayor que espantaban al pueblo por permisividad de autoridades e inacción cómplice con antisociales.

Cuando hay voluntad política los asuntos se resuelven con prontitud y eso es lo que espera el pueblo en otros temas capitales como el escándalo del soborno internacional de 92 millones de dólares a personeros del gobierno por la Odebrecht, y la venta del barrio Los tres brazos, solo por citar dos casos.
Mano dura legal debe ser lema 2017.