Juez contra impunidad

El juez José Alejandro Vargas, del décimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, se casó con la gloria con la resolución de inadmisibilidad del acuerdo propuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) para no juzgar a Odebrecht.

El magistrado no complació la pretensión del ministerio público para homologar el acuerdo que evitaría llevar a juicio la empresa imputada luego del admitido soborno de 92 millones de dólares para lograr obras públicas.

Este juez hizo lo inesperado por quienes, bajo retorcimientos jurídicos, aspiran mantener complicidad del sistema político con la corrupción bajo el manto de impunidad, intentada “legalizar” con decisiones jurisdiccionales.

Vargas dio una elemental y precisa lección de derecho fino al ministerio público y abogados asesores al devolver el pretendido pacto por falta de calidad de la PGR al no ser parte del proceso.

Con citas del Código Procesal Penal y bien fundamentada ponderación, Vargas se refiere a la investigación abierta por el ministerio público y declarada compleja para permitirle solicitar solución alternativa que buscaban él validara.

En el fondo, la imputada perseguía que el magistrado acogiera el acuerdo de la PGR para prescindir de acción penal contra la constructora delincuente, en base al “criterio de oportunidad”, pago del duplo de sobornos y “colaboración eficaz” con la investigación.

El juez analizó mecanismos para la aprobación jurisdiccional de propuesta de la PGR y sobre la conciliación citó jurisprudencia que descalifican al ministerio público para dirimir conflictos por esa vía, reservada a víctimas del delito e imputados.

Como ha dicho Vargas en su resolución, la PGR “desborda el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de algún mandato legal” y que ignora que el grave escándalo Odebrecht requiere “otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica”.
Necesita fin de impunidad.