Conflictos de intereses
Para lograr efectividad en el desterramiento de prácticas corruptas en ejercicio de función pública es necesario comenzar con intolerancia cero desde situaciones que tradicionalmente se permiten entendiendo que no están prohibidas de manera expresa o son parte del manejo discrecional.
Los postulados éticos tienen fuerza legal en la función pública porque la mayoría de casos de este tipo son conflictos de intereses en negocios con el Estado, prohibidos por mandato constitucional y específicamente por la ley 340-06, sobre compras y contrataciones.
La Constitución proscribe toda forma de corrupción en los órganos del Estado, en el artículo 146.1 y 146.2, que sanciona la prevaricación, obtener para sí o terceros provecho económico y proporcionar ventajas a asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. No deja lugar a dudas.
La ley 340-06 establece un régimen de incompatibilidades para negociar con el Estado que abarca “los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado”, cónyuges, parejas en unión libre, con las que se haya procreado hijos y los descendientes de éstos.
Todo está definido. Hay múltiples conflictos de intereses por estas razones que se explican cuando el funcionario enfrenta la situación en que su gestión está influenciada indebidamente por un interés secundario económico o personal, distinto al primario institucional, de beneficio colectivo.
Falta la voluntad política y la decisión personal para enfrentar estos conflictos que riñen con la ética y violan la Constitución y leyes adjetivas en las relaciones de funcionarios sobre todo en compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado.
Los órganos jurisdiccionales no tienen que descifrar la cuadratura del círculo para intuir, definir, demostrar y sancionar conflictos de intereses, violaciones legales, “que siempre han sido así” pero que llega el momento de detener para evitar seguir derrumbando las bases morales sociales y estatales.
