Sólo contra pobres
La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, expresó en voz alta, amplificada en redes y otros medios, un secreto a voces en sectores populares sobre la administración judicial y los privilegios para ciertos estamentos sociales.
La representante del Ministerio Público reaccionó indignada por la variación de prisión preventiva a garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como coerción contra los únicos dos imputados del caso Odebrecht que aún estaban privados de libertad.
Para la fiscal distrital, el garantismo penal como ideología jurídica es invocado sólo para beneficiar a procesados de abolengo económico, es decir, para proteger a políticos y ricos como el ex funcionario Víctor Díaz Rúa y el negociante Ángel Rondón Rijo.
El populismo judicial, en cambio, es aplicado para imponer casi automáticamente prisión preventiva prolongada a desheredados de fortuna y poder político enjuiciados por algún mal menor, ignorando el principio de libertad como regla y presunción de inocencia favorable al procesado.
La justicia no es ciega, ni mide con igual vara todos los justiciables, sino que acomoda principios constitucionales según convenga al interés de la clase gobernante bajo la directriz de un partido hegemónico que controla todo estamento de poder público para aplicar la ley a conveniencia.
En este contexto se diluye la expectativa ciudadana de castigo contra la corrupción y cese de impunidad, en el sonado caso de sobornos por 92 millones de dólares de la empresa brasileña para conseguir contratos de obras públicas, porque se queda en el dicho popular “allante y movimiento” desde el poder.
Por cualquier quítame esta paja el populismo judicial empuja a imponer prisión preventiva a presuntos delincuentes de baja estofa mientras con los de cuello blanco surge el garantismo penal, se reivindica presunción de inocencia y principio de libertad para ratificar que justicia sólo es aplicable contra pobres.
