Me imagino que algo grave estará sucediendo por los predios del Congreso Nacional. Ello así, porque los sectores pensantes de la sociedad se están preguntando qué les pasa a nuestros honorables diputados que, en su condición de representantes de todos los dominicanos, aún no se deciden por aprobar dos importantísimas piezas, a punto de convertirse en Ley, que descansan en la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
No son pocas las veces que el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, les ha solicitado a los honorables diputados que aprueben el proyecto de ley que busca regular los salarios del sector público. De igual manera, el senador Charlie Mariotti públicamente ha pedido a los honorables diputados que agilicen y aprueben la nueva Ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, ya aprobada en el Senado.
¿Qué cosa tan poderosa lo está impidiendo?
Si ya sabemos que son reclamados por la sociedad dominicana; si abogamos por transparencia; si estamos dispuestos a enfrentar el flagelo de la corrupción; si deseamos hacer crecer ante los ojos de los demás nuestra moral pública, nuestro comportamiento cotidiano; si exigimos a los funcionarios transparentar su acciones dentro del tren administrativo; si abogamos por una mejora y política de sincerización en los niveles de salarios de los servidores públicos; si sabemos que vivir en democracia significa que todo servidor público tiene derechos y deberes, entonces, ¿por qué no aprobar una Ley de Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito moderna, la cual derogaría la 82-79 ya obsoleta; y, por igual, la Ley que regularía los salarios en el sector público?
Pienso que los honorables diputados no pueden permitir, bajo ninguna circunstancia, que crezca en la población la percepción de que algo se esconde.
Jamás los honorables diputados pueden permitir que los demás piensen que tan prestigioso cuerpo legislativo se opone a tan importantes leyes para continuar con el proceso de consolidación de nuestra democracia, reforma y modernización del Estado dominicano.
