Estamos pagando el préstamo de 132 millones de dólares de la Sun Land, sin saber absolutamente nada sobre el destino final que se le dio a ese dinero. Tampoco sabemos el monto de los beneficios reales del Estado con la Barrick Gold, pese a que el presidente Medina, con su anuncio de renegociación, provocó una fiesta colectiva de nacionalismo en la población.
Este es uno de los pocos países donde un funcionario público presenta una declaración jurada de bienes, que no se corresponde con sus verdaderos patrimonios, sin que se tome una sanción que sirva de ejemplo.
¿Cuál es el mensaje que se envía a la población?
Aún más (¡y es el colmo de la falta de autoridad!): otro funcionario que había anunciado bienes valorados en 16 millones de pesos, ahora muestra unas facturas por 110.8 millones por concepto de pago a Impuestos Internos de las empresas constructoras que tiene en el país y en el vecino Haití.
Que no le busquen la quinta pata al gato y le hagan un monumento a ese muchacho.
Posiblemente este sea el único país donde la mayoría de los dirigentes del partido de oposición –me refiero al PRD– no pueden escoger a sus autoridades, pues el destino de esa entidad es tema de agenda del poderoso Comité Político del PLD, cuyo presidente elabora las sentencias del TSE.
Es ahora, después que mataron a Miguel, que los comentaristas de los medios se dan cuenta que los jóvenes que limpian vidrios en los semáforos son el producto de la marginalidad y la exclusión social.
Y descubren también que su molestosa labor es desaprobada por chóferes y conductores, con la agravante de que no hay moral ni autoridades para dar solución al caso.
Insólito, sí, pero es el país que nos hemos dado.
