Cuando los participantes en las discusiones convocadas por el Foro Económico y Social concluyeron las discusiones que dieron como resultado la firma del Pacto por la Educación, la sociedad dominicana se sintió halagada.

Muchos años después de que un Congreso Nacional, sin la más mínima intención de que fuese realidad en alguna ocasión, firma la decisión de que el cuatro por ciento del producto bruto interno del país se dedicada a la financiación de la educación pública preuniversitaria, se hizo realidad el Pacto por la Educación.

Decimos que el Congreso Nacional aprobó ese propuesta no con la intención de que se convirtiera en un eje focal del desarrollo del país, sino para complacer sectores con mucha presencia en los medios de comunicación, pero con ninguna en el Congreso y que no había intención de que eso se cumpliera.

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Ya antes o como lo hizo después, ese mismo Congreso aprobó que los grupos que manejan a su antojo la Universidad Autónoma de Santo Domingo a le asignara el cinco por ciento del presupuesto nacional; que el dos por ciento del mismo presupuesto pasase al Consejo Nacional de la Niñez (Conani); que el 10 por ciento de esos mismos recursos fuesen dedicados al financiamiento de los Ayuntamientos y así por el estilo.

No había la intención de que eso nunca se cumpliera.
Sin embargo, más que por el convencimiento de la necesidad de dotar a sector Educación de los recursos necesarios, que como una consigna para doblarle el pulso a Leonel Fernández, diversos sectores levantaron la demanda del 4% y lograron su objetivo en una fase, que no creemos fuese la intención de la mayor parte de quienes participaron en ese movimiento: hacer que realmente el tema Educación ocupara el sitial que se merece. Los gobiernos de Leonel Fernández, con otras prioridades, no cumplieron con ese mandato.

Danilo Medina lo hizo y su decisión estuvo precedida por las discusiones que dieron como resultado la adopción de una nueva Constitución en la que se estableció que los planes de gastos de los recursos manejados por el Gobierno, debían formar parte de una estrategia nacional de desarrollo.
Dentro de ésta, la Ley ordenó la firma de tres pactos: uno por la Educación, otro Fiscal y el tercero Eléctrico.

La convocatoria realizada por el Foro Económico y Social para discutir el Pacto por la Educación, generó discusiones lo suficientemente “light” como para que el mismo fuebse firmado varias semanas después de iniciadas sin mayores inconvenientes.
Eso fue posible por la sencilla razón de que todos los participantes en esas discusiones de antemano sabían quién pagaría el costo de esa “revolución educativa”, sería el Estado que ya previamente había asignado los recursos a través de cumplimiento de la ley del 4%.

Ahora bien echen una ojeada retropectiva a lo que pasó cuando el gobierno del presidente Medina se le ocurrió la idea de someter por ante ese mismo Foro Económico y Social su propuesta de reforma fiscal en el año 2012.

Algo parecido, pero en una proporción mucho mayor pasará desde que se inicien las discusiones del Pacto Fiscal y el Eléctrico. La razón, en esta oportunidad no hay forma de que sea sólo el Estado quien pague las “conceptualizaciones” que allí ocurrirán con la intención de resolver el problema eléctrico, donde los principales actores ya han dicho por adelantado qué esperan: los generadores dicen que hay suficiente capacidad instalada y que el problema es de gerencia y reducción de las pérdidas técnicas y la CDEEE, de su lado dice que el tema principal debe ser la carencia de una generación adecuada y pide se blinden en el pacto los pasos que viene dando para mejorar su posición con la construcción del proyecto de Punta Catalina.

Tampoco hay forma, con el Estado cargando con el pago de la cuenta, de enfrentar la inequidad fiscal que se refleja en una estructura tributaria basada en los impuestos indirectos y no en aquellos dirigidos a gravar los beneficios y la propiedad.

Eso, sin hablar de los famosos incentivos, que de acuerdo al Ministerio de Hacienda superan los 125 mil millones de pesos cada año, cuya permanencia reclaman los empresarios y que el Gobierno aspira unificar en una Ley Única de Incentivos Fiscales.

Por ello, esos pactos tendrán el gran inconveniente de establecer quién pagará la cuenta.