Opinión

Quintaesencia

Quintaesencia

Constitucionalización
Con motivo de la reforma constitucional que se debate en el Congreso Nacional, convertido en Asamblea Revisora, los dominicanos estamos viviendo un período muy interesante.

 Muy pocas veces la reforma al Pacto Fundamental motivó como ahora la participación activa de tantos sectores sociales. Los dominicanos no desean estar simplemente representados por los asambleístas. Buscan la manera de que se les oiga directamente. Y eso habla muy bien de nuestra madurez institucional y ciudadana. Ascendemos poco a poco de la democracia representativa a la democracia participativa.

 Los primeros reparos a la vía de la reforma se concentraron en que debía ser por  Constituyente y no por Asamblea Revisora. Hasta se llegó a plantear, para justificar jurídica y políticamente el reclamo, que el contenido de la propuesta sometida por el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, desborda los cauces de una reforma constitucional, porque aspira a materializar una nueva Constitución. Entienden que el propósito de la reforma es fundacional, no de revisión. El talentoso jurista y dirigente político  Enmanuel Esquea Guerrero es el que con más agudeza sostiene esa posición. Se le ha respondido que la Ley de leyes vigente no pone límites a la reforma, salvo el que se refiere a su núcleo duro, contenido en el artículo 119. Consagra: “Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo.” Y la propuesta del jefe del Estado no altera este aspecto. Lo reproduce formalmente.

 El doctor Esquea amenazó con incoar  una acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad. Esa sería una especie de espada de Damocles que pendería sobre la cabeza del proceso. Como nos han acostumbrado a la incertidumbre jurídica, nadie puede asegurar el éxito o el fracaso. Hay que esperar.

 Senadores y diputados no renunciaron a sus atribuciones constitucionales de convertirse en Asamblea Revisora. Pero están bajo  presión  de los diversos factores reales de poder. Cada uno aspira a consagrar su impronta en la nueva Constitución. Eso es socialmente beneficioso. Lo malo sería la apatía, el desinterés. A los asambleístas les corresponde el sagrado derecho y la alta responsabilidad de aprobar lo que más fortalezca la institucionalidad, los derechos fundamentales y el Estado Social y Democrático de Derecho a que aspiramos.

 Por ejemplo, la Iglesia Católica, con su influencia ideológico-religiosa, probó que tiene  inmenso poder, mucho más grande de lo que se creía. Sus deseos son órdenes para la mayoría de los políticos. Estos señores están dispuestos a renunciar, siempre que la Iglesia se lo requiera, a los principios que dicen sustentar. La introducción y aprobación del texto del artículo 30 de la reforma es un ejemplo  de los muchos que se pueden citar. Los que se opusieron con firmeza a la prohibición constitucional del aborto en todos los casos, están alicaídos. Pero conservan  la esperanza vana de que en la segunda lectura será revisado.

Sólo quedará, como último reducto de esperanza para los que defienden el aborto en condiciones especiales, como el terapéutico, en caso de estupro, incesto, entre otros, que la Sala Constitucional independiente o el Tribunal de Garantías Constitucionales que se apruebe interprete científicamente, sin dogmatismos ni mezquindades, el texto del mencionado artículo 30.

El presidente del Senado, doctor Reynaldo Pared Pérez,  cuando recibió  el proyecto, lleno de entusiasmo, afirmó que sería aprobado íntegramente. Luego, con el olfato político que lo caracteriza, se dio cuenta de que el objetivo no sería alcanzado con  facilidad. Cambió de opinión. Sobre sus hombros pesa una seria responsabilidad. Por fortuna,  cabalga adecuadamente sobre el potro brioso de esta reforma.

Pero lo que más debemos celebrar es que el proceso de reforma ha logrado la constitucionalización de la sociedad dominicana. Ojalá siga así.

El Nacional

La Voz de Todos