El caso jurídico, con procesos inmobiliarios y penales abiertos, de Bahía de las Águilas ha trascendido a niveles políticos y turísticos que no previeron sus promotores en los tiempos en que se inició. Sobre todo porque casi veinte años atrás no se veían con claridad las fuentes de inversión y financiamiento para desarrollar esa área tan bella e importante para nuestras reservas ecológicas y económicas.
Conozco el origen espurio y los manejos fraudulentos con que se materializó el asunto. La administración del Instituto Agrario Dominicano (IAD) de entonces se caracterizó por no respetar ni las normas legales, éticas o morales. Aquello era un nido de piratas dentro de la función pública. Y lo afirmo con la autoridad que me da el haber sido Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras. Desde mi posición combatí las barbaridades y hasta desarrollé debates televisivos con el titular del IAD. Se prestaba para realizar malos asentamientos campesinos. Eran formas de enmascarar despojos de tierras. Y tenían apoyo político. Luego fui Juez del Tribunal Superior de Tierras, pero no me apoderaron del caso.
Los procesos judiciales de Bahía de las Águilas llevan 16 años saltando de un despacho a otro y de una instancia a otra. Considero que nunca debieron durar tanto. Nada lo justifica. Ni los incidentes planteados ni los recursos incoados ni las personalidades envueltas. La administración de Justicia fracasó en su misión de aplicar justicia eficiente y eficaz. Es lamentable, pero cierto.
Ahora que el Gobierno se concentra en la posibilidad de desarrollar el turismo en el Sur, especialmente en las proximidades de Bahía de las Águilas, hasta los muertos reviven con interés en el caso.
Para el gobierno, la solución era negociar con los titulares de los terrenos. Los sectores más activos se opusieron con dureza a esa posibilidad. Reclaman que el Estado se imponga ante los estafadores y les aplique sanciones. Pero no es tan simple. Afortunadamente, el gobierno rectificó. No habrá transacción que legalice el fraude. El fraude lo corrompe todo en materia civil ordinaria, y no genera derechos. Pero en la materia inmobiliaria, por su naturaleza especializada, es diferente. El Estado es el garante del Certificado de Título (CT), y quien lo expide. Y debe garantía a los que compran derechos a la vista de un CT, como acto auténtico, si ignoran los vicios. Confiaron en el CT, el Estado y el sistema. Algunos son terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe. A ellos hay que probarles la mala fe. Si no fuera así, nadie invertiría en inmuebles.
Aunque huela mal, es la seguridad jurídica que está en juego. El gobierno debe hilar fino y asesorarse bien. Confío plenamente en el doctor César Pina Toribio, quien maneja el caso.
