Opinión

Quintaesencia

Quintaesencia

El acuerdo suscrito entre el doctor Leonel Fernández, Presidente de la República, y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y líder de esa organización, constituye un Pacto pre-constitución. Pocos se han dado cuenta de la trascendencia de la reunión entre los dos políticos más importantes que tiene la sociedad dominicana en estos momentos

 Son muchas las críticas que se han lanzado contra ese acuerdo. Pero las objeciones apuntan hacia la reclamación del respeto institucional. Algunos dirigentes perredeístas, especialmente el ingeniero Ramón Alburquerque, presidente del PRD y aspirante a reelegirse en el cargo, consideran que Vargas Maldonado no debió suscribir ese acuerdo al margen de los organismos de su partido.

 Voces que se auto califican de independientes también están opinando en ese sentido. Procuran restarle relevancia al acuerdo con un ataque a la forma.

 Ahora bien, los que expresaron su desacuerdo con la forma en que se realizó el acuerdo, de una forma u otra dejaron sentado que están de acuerdo con el fondo. Hasta señalaron que las altas instancias del PRD hubiesen aprobado los puntos que se pactaron.

 Todos los que conocen las veleidades de la política dominicana saben que si esos puntos se llevan a ciertos organismos partidarios, con miras a un acuerdo con el Presidente, las discusiones se prolongarían hasta las calendas griegas.

 Del litoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ningún dirigente ni simpatizante de importancia se ha pronunciado criticando el Pacto. Todo lo contrario, son muchos los que manifestaron su complacencia. Y esta aceptación expresa y tácita para algunos revela que el Comité Político del PLD no era ajeno a las conversaciones. La participación de algunos de sus miembros, en comisiones de trabajo, lo prueba. Si no se abordó formalmente en ese Comité Político, nadie considera incorrecta la decisión de Leonel. La excepción a la regla la constituye el doctor Marino Vinicio Castillo y su partido, la Fuerza Nacional Progresista (FNP). Ejercen el derecho democrático  a disentir frente el jus soli. Lejos de dañar, esa posición beneficia grandemente el debate político-constitucional.

 El Pacto Leonel-Vargas persigue retornar a la fórmula  del 14 de agosto de 1994, o sea, a la reelección presidencial dejando pasar un período; el mantenimiento del jus sanguinis y el jus soli; congelar la  matrícula de los miembros de la Cámara de Diputados, la acumulación de votos por partido para elegir a los diputados y la representación de los dominicanos residentes en el exterior; la unificación de las elecciones. También acordaron institucionalizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

 Con esos puntos que se dieron a conocer  se comprueba que hay un Pacto pre-constitucional. Recordemos que, como dijo José Martí y lo popularizó Juan Bosch en nuestro país, en política lo que no se ve es más importante que lo que se ve.

 Independientemente de algunas objeciones y aspectos que no están claros del Pacto Leonel-Vargas, tenemos que celebrarlo como un paso positivo para la aprobación de la reforma constitucional. Los asambleístas que siguen las orientaciones de Vargas Maldonado consensuarán con mayor rapidez. Con ese apoyo se logra la mayoría en la Asamblea Revisora. Sólo tenemos que esperar que se aprueben los restantes puntos.

 Las Constituciones que perduran y transforman las sociedades donde se aplican son las que se logran con el consenso de las fuerzas políticas y sociales.

 Por fortuna, Leonel Fernández quiere una Sala Constitucional especializada y Miguel Vargas desea un Tribunal de Garantías Constitucionales. Son coincidentes. La materialización de la jurisdicción constitucional consagrará históricamente el Pacto y coronará la reforma. No perdamos esa oportunidad.

El Nacional

La Voz de Todos