¿Pedazo de papel?
La sociedad dominicana, desde la fundación de la República, el 27 de febrero de l844, viene avanzando bajo la incertidumbre de su débil ordenamiento jurídico. Es la expresión del atraso económico, social y político que nos caracteriza. Donde no hay desarrollo económico no puede existir ni conciencia nacional ni política ni del sujeto social e individual. Y sin estos factores esenciales, que definen la nación, el sistema jurídico se convierte en un conjunto de normas que son aplicadas de manera antojadiza.
Los sectores dominantes se acostumbran a vivir aparentando lo que no son y actuando con sumo egoísmo. No toman en cuenta ni la institucionalidad ni la suerte de las mayorías. Se vive, por tanto, nadando en un mar de hipocresía y de oportunismo. La virtud ciudadana languidece y muere en esas aguas sulfúricas.
Recordemos que nos organizamos como Estado, conforme a Juan Bosch y Américo Lugo, sin sustancia social. No éramos una nación, sino un pueblo, un conglomerado humano sin maduración de su identidad. Antes, Narciso Sánchez, el padre de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez, lo había advertido con la frase lapidaria: Convéncete, Francisco, hijo mío, éste será un país, pero nación nunca.
Hoy estamos obligados a ser menos pesimistas que los que nos precedieron en la comprensión de nuestra realidad social. Tenemos la elevada misión de apostar por un cambio profundo en las estructuras del poder público. Y hasta jugarnos el pellejo, si es necesario, para impulsar los cambios. El proceso de reforma constitucional que vivimos lo demanda. Las sociedades no avanzan hacia altos niveles de civilización sin que una parte importante de sus miembros se comprometa con esos objetivos.
Nuestra primera Constitución, la del 6 de noviembre de 1844, fue desnaturalizada con el funesto artículo 210. La convirtió en una Carta Magna conservadora. El derrotero que hemos seguido es largo y penoso. Se han sucedido treinta y siete reformas constitucionales. Sólo para satisfacer apetencias insaciables.
Estamos obligados a actuar con responsabilidad. Tenemos que decidir: o nos damos una Ley Suprema que imponga un orden institucional y de respeto a los derechos de las personas o continuamos con una Constitución irrespetada.
Ferdinand Lassalle, el gran jurista alemán, tenía razón. Valoró el papel que juega la Constitución formal de un país cuando los factores reales de poder, que representan la constitución social, se identifican con ella. Así no se convierte en un pedazo de papel.
Los grandes constitucionalistas, desde Austria, con el pionero Hans Kelsen, pasando por la escuela italiana, hasta llegar a nuestro Continente, enseñan que la Constitución dejó de ser una simple declaración política programática. Es una herramienta para la defensa de los derechos fundamentales.
La Constitución requiere de una jurisdicción especializada para que pueda cumplir con su misión. El pueblo, sabio como siempre, reclamó en la Consulta Popular la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales o Sala reforzada.
A los asambleístas les toca enfrentar la dicotomía histórica: crean el Tribunal Constitucional y se casan con la gloria o lo niegan y viven en la infamia.
