Las buenas ideas siempre son sencillas y fáciles, pero el lenguaje con que se expresan es, en todo caso, complejo y difícil. Se caracteriza por su poder multívoco, que lo hace maleable para las diversas interpretaciones. Todo lo cual abre un amplio campo de posibilidades para malos entendidos, tergiversaciones y polémicas. Pero librar el lenguaje de esos riesgos es empobrecerlo y matarlo.
El sujeto que carece de espíritu democrático y tiene inclinaciones autoritarias, fundamentalistas y arbitrarias, odia a quien expresa opiniones diferentes o contrarias a las que él admite como correctas. No soporta el disenso. Y estaría dispuesto a silenciar a todo el mundo, si pudiera, con tal de hacer prevalecer su criterio. Los derechos constitucionales solo existen en la medida en que le favorecen a él. Pobrecito.
Vivimos en una sociedad que exige pisar fino y aclararlo todo muy bien. Por eso afirmo que el ex presidente de la República y presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Leonel Fernández, no es inocente como un niño que carece del entendimiento y el criterio para discriminar entre lo bueno y lo malo. Afirmo que es inteligente, audaz y refinado. Todo político que ha logrado ser jefe de Estado lo es. Dirigir la administración pública con los intereses privados en pugnas que en ella concurren, unido al ejército de oportunistas, trepadores y aprovechados que viven atrincherados y vigilantes en ese medio, despierta los instintos del menos avezado o del más indiferente. Es inevitable.
Pero, aunque les duela a ciertos personajes que brillan más por la desgracia ajena que por sus propios méritos, debemos admitir que Leonel goza de la presunción constitucional de inocencia y es legalmente inocente de las acusaciones que se esgrimen contra él en la querella de Guillermo Moreno.
El ex fiscal del Distrito Nacional y presidente de Alianza País, por una parte, y el admirado abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, por la otra, quisieron dar un campanazo ético-moral con su querella contra Leonel, y lograron su objetivo. Eso es parte del juego democrático de la política en países como el nuestro. En términos de opinión pública nacional e internacional, el intrépido querellante y su buen abogado tienen todas las de ganar. Leonel, por el contrario, carga con todas las de perder. Ellos ganan prestigio y respeto. Leonel pierde imagen y consideración.
Ambos, Guillermo y Cristóbal, que no son ilusos sino probados juristas, están conscientes de que en lo legal sus argumentos son actualmente insostenibles en un proceso judicial contra el autor de El Delito de Opinión Pública. Basta con saber que Funglode es una persona moral sin fines de lucro y que no es propiedad legal de Leonel. Y que la prevaricación alegada no está tipificada en nuestro sistema penal. Ahí está el meollo de la improcedencia judicial de la querella contra Leonel. Lo demás, es hábil propaganda política.
