Las sociedades necesitan y reclaman la aplicación de una justicia pronta, eficiente y eficaz, además de imparcial e independiente. Ese es el ideal general. Sin embargo, en el seno de la sociedad siempre existen sectores que defienden formalmente esos valores de la administración de justicia, pero se resienten de la peor manera cuando comprueban que la Judicatura está actuando conforme a sus planteamientos públicos. Quienes actúan así reflejan la hipocresía de sus actuaciones. Y como manejan la opinión pública, logran confundir a las mayorías nacionales, que viven mal informadas y manipuladas. Si la justicia se somete a sus pretensiones, pierde su esencia y fines, y se convierte en populista.
Siempre debemos recordar que la sociedad no es homogénea. Es heterogénea. En su interior existen fuerzas sociales que luchan por imponer sus valores e intereses frente a los otros sectores. Unos representan el deseo de avance, que son los progresistas, y otros anhelan volver al pasado o eternizar lo existente, que son los conservadores. Ellos producen el combate permanente en que se mantiene la sociedad. Muchas de esas contradicciones son coyunturales o negociables y otras son antagónicas e irreconciliables.
Ahora bien, esa guerra se libra de manera abierta o encubierta, según convenga en cada momento.
Por esa razón, podemos comprobar que los representantes de todas las instituciones, sin importar que sean públicas o privadas, harán uso de dos discursos claramente diferenciados. Uno será para lo interior de la institución y el otro para el exterior. ¡Ay de los que ignoren esa verdad!
La justicia está obligada a marcar la diferencia. Debe ser auténtica y coherente. Solo de esa manera podrá darle a cada uno lo que le corresponde, conforme al mejor Derecho. Los jueces no son funcionarios que dependen del voto mayoritario y no necesitan convertirse en vedettes sociales.
El juez que pretende agradar a todos con sus decisiones comete el peor error. A él le corresponde ser prudente y tener en cuenta el interés general, sin apartarse de la aplicación de la norma jurídica de rigor. El buen magistrado no olvida ni infringe esa misión. Sabe que la existencia y fortalecimiento de las instituciones democráticas dependen del respeto al orden constitucional y a la garantía de los derechos fundamentales de todos.
Muchos son los que desean una justicia a la medida de sus intereses. Por el escaso desarrollo en su conciencia social y nacional, no llegan a comprender o no les importa el daño que causan a la sociedad. Se convierten en retranca y en prohijadores de las injusticias sociales.
La justicia y el populismo degenerado nunca pueden caminar de la mano. La primera excluye al segundo. Y el juez juega un papel de primer orden en la tarea de conservar la auténtica naturaleza de la justicia y de la democracia.
