La iniciativa del presidente Danilo Medina, de implementar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC), ha creado un serio debate. Muchos apoyan por completo la decisión del Gobierno y otros critican duramente la incorporación de efectivos del Ejército, portando armas largas y ropa de combate, a tareas que son propias de la Policía Nacional (PN).
Afirman que lejos de generar un clima de confianza, la presencia en las calles de esos militares genera un clima negativo, propio de un estado de excepción, que a la luz de la Constitución puede ser de defensa, de conmoción interior o de emergencia. Pero esos juicios son exagerados.
Contra el PNSC se han expresado, con matices diferentes, simples ciudadanos, reputadas entidades como el Centro Bonó y hasta la honorable magistrada fiscal del Distrito Nacional, doctora Yeni Berenice Reynoso. Es fácil deducir que los primeros pueden estar inclinados por criticar al Gobierno, pero la última no. La fiscal expresó una opinión académica y personal.
Sí, es cierto: la delincuencia, con la violencia inusitada que la caracteriza, desbordó la capacidad que tiene la PN para controlarla. La institución llamada a mantener el orden público falló. Pero también es verdad que no hemos llegado a ninguno de los estados de excepción mencionados.
Nadie ignora que los guardias no saben tratar con los civiles. Manejar conflictos sociales que no alcanzan los niveles de guerra no es su especialidad. Ellos son entrenados esencialmente para matar a los enemigos, más que neutralizarlos o ganárselos. Y podrían ver en cada ciudadano que le pareciera sospechoso a un enemigo. Eso sería desastroso. Tiran al pecho y a la cabeza. Los delincuentes también.
Históricamente tenemos muy malos recuerdos. Basta pensar en lo que sucedió en abril del 1984, cuando el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco decidió controlar una poblada con efectivos militares. La confundió con un plan político de insurrección que buscaba derrocarlo. Fue un error político que le costó caro.
¿Quién con sano juicio se opone a que el Estado ejerza el derecho y la obligación que tiene de mantener el orden público y la seguridad ciudadana? Nadie. El problema está en el método que use y los recursos que emplee.
Todos sabemos que el presidente Medina es un estadista con vocación de paz y con probada sensibilidad social. De él nadie espera que salgan medidas dictatoriales o de atropello contra la población.
Deseamos y exigimos la seguridad ciudadana. Y tenemos derecho. Es buena y necesaria. Ahora bien, debemos darle un voto de confianza al Gobierno para que ponga fin a la violencia delincuencial que tiene en vilo a la nación dominicana. El mal no es pequeño y las tareas para enfrentarlo deben estar en correspondencia con él.
Los guardias y los policías de hoy no son los de ayer. Los tiempos cambiaron. Esperemos lo mejor.
