Muchos de nuestros funcionarios públicos tienen pendientes de aprobación varias de las materias académicas que permiten formar humanísticamente a las personas. No saben vivir en Constitución. No tienen valores. Están instruidos, pero no educados. Muchas veces no saben qué hacer con ese desordenado cúmulo de datos. Y lo más interesante es que se creen poseedores de la verdad absoluta cuando hacen uso de la palabra.
Esa realidad se puede comprobar en cualquiera de los tres poderes del Estado. Basta con oír a esos funcionarios cuando hablan o leer lo que escriben u observar su comportamiento. Materias como la moral y cívica, que no debe confundirse con religión, o las que corresponden a las ciencias sociales en el bachillerato o la universidad no calaron mucho en esos señores.
Si nuestras autoridades estuvieran bien formadas, fueran dueñas de un sentido de la dignidad personal y del juicio de la historia que no les permitiría hacer lo que hacen. Se preocuparían por cuidar su imagen pública, el prestigio y la buena fama. Adoptarían una actitud alejada de la ostentación de riquezas mal habidas. Fácilmente uno se da cuenta de que ni aprendieron a producir ni a administrar. Sabemos cómo la acumularon. La gastan con una vocación de derroche que solo se explica por la conciencia de que es ajena. Y tratan como trogloditas a sus subalternos.
Poco o nada les importa la opinión pública. Piensan que viven solos en el mundo. Se creen por encima del bien y el mal. Pero en lugar de ser dioses en el Olimpo, son bestias que reinan en una sociedad atrapada por sujetos como ellos.
Ese analfabetismo social y político que adorna a muchos de nuestros hombres públicos es lo que les permite, desde sus posiciones de mando, violar la Carta Magna y las demás leyes, así como la moral y la ética con tanta facilidad. Su voluntad, en la borrachera de poder que tienen, es ley y Constitución.
Saben que la sociedad está yugulada por un proceso de descomposición moral tan grande que ya perdió la capacidad de asombro. Saben también que no tenemos un sistema de consecuencias frente a las inconductas de los poderosos. Y aprovechan, sin miramientos, esa situación.
Toman decisiones en base a las viciosas prácticas que se rigen por el amiguismo, el favoritismo, el enllavismo y el servilismo. No respetan los méritos acumulados. Premian y castigan con la arbitrariedad de los ignorantes con poder. Se manejan como si las instituciones fueron su finca privada.
Hablamos mucho de la necesidad del fortalecimiento institucional, del Estado Social y Democrático de Derecho y de la dignidad humana. Sin embargo, para los encumbrados y malos funcionarios, esos conceptos no son asimilables, más bien son palabras huecas y vacías.
