La administración de justicia fue estremecida con las recientes declaraciones del presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Precisó que es necesario que los jueces sean más prudentes al momento de poner en libertad a los procesados por crímenes y delitos horrendos. También el Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, coherente con su inconformidad continua y para apoyar a su superior, se pronunció en ese sentido. La ciudadanía no se queda atrás en ese reclamo. Además, a lo interno del Poder Judicial existen la supervisión e investigación constante de las actuaciones de los magistrados. Los jueces penales, por muchas razones, están como la arepa: con fuego por arriba y fuego por abajo.
El jefe del Estado tuvo motivos sobrados para expresar su queja. Sobre todo en el ambiente en que la externó. Estaba frente al cadáver de una víctima más de los desaprensivos que en la actualidad dominan las calles. No podía hacer menos, por su investidura.
Algunos profesionales del Derecho cuestionaron esa incursión verbal del Presidente en la justicia. Alegan que es una violación al principio constitucional de la división de funciones de los poderes públicos. Entienden que debió canalizar su preocupación vía el Ministerio Público, para que ejerza sus facultades con relación a la política criminal del Estado. Pero esta apreciación es una exageración. Se olvidan de que vivimos en un sistema presidencialista y que la paz pública y la seguridad ciudadana son elementos esenciales de la gobernabilidad. Todo, hasta lo que no le corresponde, se le pega al Primer Mandatario de la nación. Y con razón. Eso le da derecho a manifestar el sentir general.
Cuando se aborda el tema de la justicia, regularmente se comete el error de creer que los jueces son responsables de todo lo que sucede en ese ámbito. Muchas veces los jueces son los que menos culpas tienen. Para comprobar esa verdad, basta con saber que, en buen Derecho, las decisiones de los magistrados son las consecuencias directas de los expedientes que conocen. Si un caso no fue bien instrumentado, presentado sin pruebas, con pruebas muy débiles u obtenidas con violación de las reglas del debido proceso, la sentencia de descargo será obvia e inevitable. No hay nada que hacer.
Toda persona, por mandato de la Carta Magna, es inocente hasta tanto se destruya en justicia, y con carácter de cosa irrevocablemente juzgada, esa presunción. Nadie ignora semejante verdad. Pero llevarla a la práctica requiere de una formación humanística especial. Es fácil reaccionar en sentido contrario. Más cuando se está abrumado por la ola de delincuencia que nos azota. Pero no podemos adoptar un derecho penal del enemigo, ni invertir la carga de la prueba.
Por fortuna, los jueces están haciendo su trabajo. Los demás actores del sistema de justicia también. Pero los males sociales desbordan las atribuciones del Poder Judicial.
