Justicia pro homine
El ser humano debe de ser el centro y la finalidad de todas las actividades del Estado. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad. Y la actuación de los funcionarios públicos estará dirigida a esos fines. Lo contrario sería negar el pacto social prefigurado por Juan Jacobo Rousseau desde los albores de la ideología burguesa en la Francia revolucionaria y de la organización del sistema capitalista mundial. Lástima que una gran parte de nuestros dirigentes políticos ignoran esas verdades, y otra parte, que sí las conoce, las desprecian. Hacen vida pública con el propósito definido de satisfacer apetencias egoístas, ya sean individuales o de grupo.
Nada en la sociedad, desde el ámbito ético y moral, es más importante que el ser humano. Por eso todos los recursos tienen que estar volcados a garantizar que las personas físicas, primero, y las personas morales o jurídicas, después, se desarrollen en circunstancias favorables para su crecimiento y estabilidad.
Todas las normas o reglas, los valores y los principios que sustenta la República dejan de tener sentido y pasan a ser aberrantes si no están al servicio de los individuos que forman la nación. Hasta el criterio de que el bien general está por encima del bien particular y que, por consiguiente, el interés público prevalece ante el interés privado tiene sus limitaciones. Y en el fondo, en su última manifestación, lo que procura es que los intereses individuales estén protegidos y en armonía con los propósitos generales. Sabemos que el todo es la suma de sus partes, y si las partes andan mal, el todo no puede marchar bien.
El individualismo ciego, enfermizo y depredador es otra manifestación de la corrupción social, que se concentra de manera perturbadora en ciertos individuos. Son lacras de la sociedad. El Estado tiene la obligación de mantenerlos bajo control.
Así las cosas, la justicia no es una excepción en el ámbito de las finalidades del Estado. Ella es su potestad jurisdiccional. Es un servicio social imparcial, independiente, confiable, eficiente, eficaz y oportuno. Con pleno sometimiento al orden jurídico, para adquirir la legítima autoridad que le permita someter a su vez a todas las instituciones públicas a la legalidad, en el sentido amplio del término. Y que esto sirva de ejemplo para que los particulares también respeten las reglas de juego. Todo permeado por el principio pro homine, o sea, por la búsqueda y aplicación de lo que favorece a las personas, en la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
En efecto, para que el Estado cumpla su función, el Poder Judicial tiene que servir bajo el criterio y principio de la favorabilidad de las personas. Esto así porque el Estado y todas sus instancias son medios, simples recursos, y nada más. En cambio, las personas son sujetos, jamás objetos de ningún poder, ya sea público o privado. Así sea.
