Opinión

QUINTAESENCIA

QUINTAESENCIA

Rafael Ciprián

Derecho y administración

 

Todavía en la República Dominicana no se ha comprendido que las personas no están para servir al Estado. Es el Estado el que existe para servir a las personas. Por tanto, todos los poderes, órganos e instituciones públicos deben tener a las personas como su prioridad. Los titulares de esos entes oficiales y demás funcionarios medios no pueden hacer ni dejar de hacer otra cosa que no sea beneficiosa a los miembros de la comunidad.
En la sociedad no existe nada más importante y especial que las personas, juntamente con los valores y principios que conforman el código ético y moral del correcto actuar y el recto vivir. Este código está integrado mayoritariamente en el sistema jurídico, y solo se puede apreciar de esa manera si se interprete y se aplica constitucionalizándolo.
Las personas son las titulares de los derechos fundamentales. Por eso el ser humano tiene que estar en la cúspide de las preocupaciones de los funcionarios.

Nuestra Administración Pública, que se manifiesta en todas las actuaciones u omisiones del Estado, se legitima sirviendo de la mejor manera a todos los que se encuentran en el territorio nacional.

La Constitución es clara y determinante cuando afirma, en su artículo 5, lo siguiente: “La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.”

Y como en nuestro país hay que repetir hasta el cansancio lo que favorece a las personas para que se tome en cuenta, el artículo 8 del Pacto Fundamental reitera: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”

Con esos dos textos se sintetizan todos los derechos de las personas y todas las obligaciones del Estado. Lo demás, es reiteración.
Nuestro Derecho, como expresión jurídica de las superestructuras ideológicas de la sociedad, está elaborado en base a las más sentidas aspiraciones del pueblo, gracias a las luchas y presiones nacionales e internacionales. Pero se aplica, por desgracia, conforme a los intereses creados, y al servicio de los peores.

Los vicios de la Administración, en su sede administrativa, se han extendido a las potestades jurisdiccionales del Estado. El clientelismo, el patrimonialismo, la corrupción, la falta de vocación de servicio, la iniquidad, el autoritarismo, la centralización dañina, la jerarquía abusiva y los favoritismos son lacras que no han respetado ni la majestad de la justicia. Ahí están las causas de la falta de credibilidad que sufre la justicia. Este era el último bastión que quedaba por caer bajo las patas de los caballos de la mala Administración. ¿Temas para la Cumbre?

El Nacional

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