Opinión

QUINTAESENCIA

QUINTAESENCIA

Rafael Ciprián

Constitución y poder

La Constitución, como ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico, es el mejor instrumento que tenemos las personas para defender los derechos frente al Poder. Poco importa que el poder esté representado por los funcionarios que dirigen las diversas instituciones del Estado, en el ámbito público, o por gerentes y presidentes en las instancias privadas o corporativas. Pueden ser nacionales o internacionales. Solo necesitamos jueces que se respeten y que cumplan con su función como debe ser.

Nuestra Carta Magna es un gigantesco escudo para proteger la dignidad de cada miembro de la sociedad. Y la dignidad es un derecho fundamental que opera como un eje trasversal que toca todos los demás derechos fundamentales. Hasta el grado que la vulneración de cualquiera de esos derechos, afecta también la dignidad del individuo.

Más todavía, el Pacto Fundamental que nos rige privilegia la importancia y salvaguarda de la dignidad como derecho fundamental. La menciona reiteradamente en todo el texto sustantivo. No se limita a sus artículos 5, 7, 8, 38. Es un mensaje claro para que sea respetada.

Los señores del poder deben aprender que la sociedad no puede progresar si las personas no se sienten protegidas en sus derechos fundamentales. Cuando los ciudadanos saben que viven en la inseguridad pierden la capacidad para dar lo mejor de ellos, sufren de muy baja autoestima, y de abulia. Esto es, que no se incorporan en cuerpo y alma a las relaciones sociales de producción de bienes y servicios, ni se esfuerzan en cumplir con sus deberes ni en ejercer sus derechos. Así el país languidece miserablemente.

El Constituyente lo sabe. Por eso incorporó en la Constitución el conjunto de garantías de los derechos fundamentales. Esas garantías también son derechos fundamentales, como bien lo consagra su artículo 68.

Todos los jueces de la República son jueces constitucionales, sean del orden judicial o de las llamadas altas cortes, como el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal Superior Electoral (TSE). Están obligados a proteger, respetar y hacer respetar los derechos de las personas. El juez que no cumple con esa función se hace indigno de la toga y el birrete que usa, y se convierte en un mero empleado judicial o en un simple comecheque.

El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales que garantizan los demás derechos. En toda sociedad organizada y civilizada, los conflictos se resuelven por las vías institucionales. Y los tribunales están para eso. A ellos debemos acudir, por medio de las acciones y los recursos que el sistema jurídico contiene. Aunque ciertos poderosos se atreven a cerrar las puertas de la justicia cuando sus actos son impugnados judicialmente, y saben que su proceder es burdo y arbitrario. Contra eso debemos luchar.

La acción constitucional de amparo y los sistemas difuso y concentrado de control de la constitucionalidad existen para proteger los derechos fundamentales. Así sea.

El Nacional

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