Deber del funcionario

El Derecho Administrativo, como rama del Derecho Público, nos permite comprender que el Estado está sometido a un conjunto de principios, valores y normas jurídicos. Independientemente de su inmenso poder político y de su gran capacidad económica, debe obedecerlos. Es la única garantía de su estabilidad, legitimidad y hasta de su existencia.

Todas las personas que llegan a ser funcionarias deben conocer esa verdad. Lo lamentable es que en nuestro país se desprecia esa idea o, en el mejor de los casos, no se conoce.

Cada funcionario debe estudiar las normas y los principios elementales que rigen la Administración Pública. No puede contentarse con que tiene un consultor jurídico y un departamento legal que se encarga de esos asuntos.

El titular de la institución toma constantemente decisiones, y algunas de ellas las ejecuta en condiciones de urgencia que lo llevan a obviar las orientaciones de su departamento legal. En ocasiones, no llega a comprender la profundidad de las opiniones o consejos que le dan sus abogados. Muchas veces actúa bajo la soberbia que le nace de su cargo. Se siente jefe, en la peor connotación de nuestra tradición autoritaria, que lo convierte de inmediato y para todos los fines y consecuencias de su gestión en un trujillito o pichón de dictador.

Ciertamente, así es. Pero esa práctica debe ser erradicada, como un tumor maligno, del Estado. Su eliminación solo será posible cuando logremos una elevación de la preparación técnica y de la formación intelectual de los militantes de los partidos políticos. Por medio de la educación podremos superar esas lacras de la conducta de nuestros hombres y mujeres públicos.

Recordemos que ese comportamiento de los funcionarios es el que determina que el Estado sea un Leviatán, como lo calificó Thomas Hobbes, o un Ogro Filantrópico, como lo definió el poeta y Premio Nobel de México, Octavio Paz, o el monstruo más frío de todos los monstruos fríos, como lo describió el célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche.

Juan Bosch tuvo y sigue teniendo toda la razón cuando, durante aquellos odiosos doce años del régimen de Joaquín Balaguer, llamó a someter al gobierno a su propia legalidad. Esa es la única fórmula que permite la existencia de un orden social aceptable. Lo contrario es el caos, el reino de la arbitrariedad y de las injusticias.

Nuestra Constitución es clara, terminante y reiterativa en los principios, valores y normas que consagra para evitar los excesos de poder en que incurren muchos funcionarios. Para comprobarlo, basta con conocer su Preámbulo, o sus artículos 5, 7, 8 y 38, que establecen el respeto a la dignidad humana y el Estado Social y Democrático de Derecho.

Para asegurar que se cumplan, junto con el resto de sus mandatos, instituye un amplio catálogo de derechos fundamentales y de garantías esenciales. El deber ser del funcionario es respetar esas normas. Cuando se cumplan, entonces viviremos en democracia. Así sea.