Rafael Ciprián
Danilo y el PGR
En la entrega anterior de esta columna, sostuvimos el criterio de que la marcha del día 22 de enero recién pasado no estuvo dirigida formalmente contra el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, sino contra el sistema de administración de justicia. Esto es, por una parte, contra el Ministerio Público (MP), representado por el Procurador General de la República (PGR). Y, por la otra parte, contra los jueces del orden judicial.
Nuestra opinión causó muchas molestias en algunos que creían que la referida marcha, por el apoyo popular que concitó, representó un contundente golpe político contra la imagen y estabilidad del Gobierno. Garrafal error.
La causa de la irritación que generó aquel artículo está en que develo, a posteriori, la más grave de las debilidades que pudo tener la estrategia de propaganda del movimiento.
Los organizadores de la marcha se preocuparon demasiado en aparentar que solamente tenían una finalidad institucional, que era el fin de la corrupción y de la impunidad. Hasta se empeñaron en afirmar que la lucha no tenía objetivo político, y que no obedecía a línea trazada por ningún partido, que era una iniciativa ciudadana. Nada más. Ahí estuvo, en simbiosis dialéctica, su debilidad y también su fortaleza.
La debilidad como movimiento de lucha social de la marcha se reflejó en que no tuvo un mando único, claramente conocido, ni un líder aglutinante. Además, al plantearse como único propósito eliminar la corrupción y la impunidad, lograron la coherencia con el discurso público, pero no pudieron alcanzar el objetivo oculto y real que perseguían.
La finalidad publicitada de la marcha era presionar al Poder Judicial para que se investigara a fondo, se persiguiera sin favoritismo y se sancionara sin excepción a todos los que estuvieran implicados en los sobornos de Odebrecht y de otros delitos y crímenes en la Administración Pública. Hasta aquí no es político-partidario, es la ciudadanía empoderada y en acción.
Pero el motivo estratégico, que es político-partidario, y por eso se ocultó, de la protesta era disminuir el alto índice de aprobación popular del presidente Danilo y poner en jaque al PLD, como partido oficial. Esta meta no se podía publicitar, pues afectaría el apoyo que se esperaba y que se obtuvo.
Ahora bien, la fortaleza de la marcha estuvo precisamente en su aspecto institucional conocido, o sea, de combate a la corrupción y a la impunidad. Todos, ya sea de manera sincera o hipócrita, apoyamos esa lucha. Es justa y necesaria. De ella depende el progreso real del país.
Así las cosas, el combate a la corrupción y a la impunidad se libra institucionalmente frente al MP y los jueces, no frente al presidente de la República y el partido oficial.
Conforme a los artículos 151, 169 y la Constitución los jueces y el MP son, en lo formal, independientes y responsables en sus funciones. Quintaesencia dice la verdad, que siempre es revolucionaria. Así es.
