Paradigma constitucional
La lucha económica, social y política en las sociedades de nuestro tiempo, que persigue la transformación del sistema y la creación de un orden institucional que se fundamente en principios de la democracia participativa y de justicia social, no sólo representativa, requiere asumir la Constitución como su mejor arma de combate.
Esa inmensa verdad ha sido asimilada por algunos. Pero son muchos los que aún necesitan comprenderla.
Todos sabemos, o por lo menos la inmensa mayoría, que la nación solamente avanza hacia el progreso cuando sus miembros sienten que los derechos fundamentales son respetados. A partir de ese momento es que se eleva la autoestima de las personas. De manera inevitable, comienzan a realizar sus mejores esfuerzos en la consecución de la felicidad. Nos guste o no, debemos tener presente que el ser humano piensa primero en él y luego en los demás. Eso no tiene nada de malo, siempre que no se convierta en un individualismo patológico. Y como lo particular, cuando es correctamente orientado, irradia positivamente lo social, todos comenzaremos a ser favorecidos.
Resulta una verdad evidente que el daño que se le causa a un individuo es un mal que se produce contra toda la Humanidad. Por eso tenemos que estar conscientes y dispuestos a defender los derechos de cada uno para ser capaces de defender los derechos de todos. El Che o el doctor Ernesto Guevara de la Serna estaba en lo cierto cuando afirmó que la condición más hermosa de un revolucionario es sentir en lo más profundo de su ser cualquier injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Los tratados internacionales sobre derechos humanos contemplan esa idea. En ella descansa el principio de la solidaridad y la fraternidad universal.
Pero ninguno de esos valores se podría materializar si no se comprende el papel que juega la Constitución en la sociedad. Y, más todavía, si no estamos dispuestos a librar la pelea que sea necesaria para que nos demos la Carta Magna que merecemos.
Juan Pablo Duarte, con su romanticismo libertario del siglo XIX y su vocación patriótica a toda prueba, sabía que la adopción de una buena Constitución era vital para la nación dominicana. Por eso preparó su proyecto de Pacto Fundamental, en el cual recogió las ideas más progresistas de su época.
Las fuerzas sociales que luchan y se organizan para crear un mejor país, tienen que aprender que la ola de los cambios en los nuevos tiempos requiere el impulso institucional. No hay espacio para más. Tampoco hay posibilidad de crearlos, por lo menos mientras se mantengan las condiciones objetivas y subjetivas que tenemos.
Es revelador el hecho de que los ensayos progresistas que se están dando en Latinoamérica se fundamentan en la puesta en vigencia de constituciones cada vez más avanzadas. La República Bolivariana de Venezuela, con Hugo Chávez a la cabeza; Bolivia, con Evo Morales como timonel; Ecuador, con Rafael Correa dirigiendo; Nicaragua, con Daniel Ortega como gobernante y ahora El Salvador, el Pulgarcito de América, como lo llamó Gabriela Mistral, con Mauricio Funes recién electo Presidente, son muestras fehacientes de hacia dónde van nuestros pueblos.
Los que tengan ojos para ver que vean y oídos para oír que oigan.
Pero los cambios sociales importantes nunca se dan por generación espontánea. Siempre necesitan de los que se atreven a correr riesgos para impulsarlos, de los que jamás esperan que otros hagan el trabajo para ellos beneficiarse parasitariamente.
Ahora bien, en esta coyuntura histórica, todo esfuerzo orientado a transformar el Estado corrupto, de injusticia social sin nombre que tenemos, está condenado al fracaso si no enarbola la Constitución y los derechos fundamentales como banderas de combate.
Ciertamente, la posibilidad de lograr cambios estructurales en la actualidad depende de la aprobación de una buena Ley Sustantiva. La Constitución es el nuevo paradigma para lograr los cambios necesarios. Su eficacia sólo estará asegurada con la existencia de una Sala o Tribunal de Garantías Constitucionales. No importa como se le denomine, siempre que sea una jurisdicción constitucional especializada e independiente. Los que no quieren cambios sociales, le temen a ese Tribunal.
