La Constitución es la Ley Suprema de la nación. Sus valores, principios y reglas se imponen a todas las demás normas del sistema jurídico. La que colisione con ella podrá declararse nula de pleno derecho. Esta nulidad la haría ineficaz, inexistente. Así lo consagra el principio de la supremacía de la Constitución, conforme a su artículo 6, que se refuerza con el 73. Pero, en la práctica, muchos tratan a la Carta Magna como si fuera un simple pedazo de papel. Así lo declaró el ex presidente Joaquín Balaguer, reproduciendo una frase del célebre jurista alemán Ferdinand Lassalle.
En efecto, el mencionado artículo 6 de la Carta Magna consagra: “…Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”
Y el artículo 73 estatuye: “…Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.”
Resulta provechoso recordar aquí que Lassalle usó aquella expresión en una conferencia que se ha editado en forma de libro, con el título “¿Qué es una Constitución?”. Y lo hizo para apuntalar su criterio de que en la sociedad coexisten dos constituciones: la social y la escrita.
La Constitución social está representada por los factores reales de poder que interactúan en un país. Esos factores reales de poder son los partidos políticos, la iglesia, los militares, los empresarios, los obreros y campesinos, los estudiantes, etc., que actúan como fuerzas vivas de la nación. Ejercen presión social para defender sus intereses. Y la Constitución escrita es el libro que conocemos.
Ahora bien, si la Constitución escrita no se corresponde, o sea, no expresa los intereses y aspiraciones de los factores reales de poder que forman la Constitución social, entonces se impone esta última, y aquella pasa a ser un simple pedazo de papel.
Parece, y es una percepción que se confirma con la realidad, que en nuestro país todavía no hemos podido armonizar adecuadamente la Constitución social con la Constitución escrita. Por eso muchos se burlan impunemente del Pacto Político por excelencia. Valdría preguntarse, ¿hasta cuándo se prolongará el irrespeto a la Norma Sustantiva?
Esa mala práctica solo desaparecerá cuando tengamos una clase social o una alianza de clases que se conviertan en sectores gobernantes. Desde la fundación de la República, en aquel lejano 27 de febrero de 1884, hasta nuestros días, solamente hemos tenido clase o sectores de clase dominante (el partido de gobierno es otra cosa).
